Ética Laicista y tributación

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Columna de Opinión

Ética laicista y tributación

Jorge Andrés Thibaut

 

Una de las razones fundamentales que justifican la existencia de los Estados es la búsqueda del bien común por parte de la ciudadanía que lo compone, lo que desde el punto de vista del humanismo en general se relaciona con la liberación de la conciencia individual que permite colectivamente alcanzar estándares de conducta social que apuntan a eliminar el sufrimiento humano y maximizar el bienestar de la población en su conjunto.

Los principios morales aparecen, entonces, de la vivencia, la cotidianeidad, el intercambio de opiniones y la deliberación, proceso que deja al descubierto aquellas conductas que son altamente apreciadas por la ciudadanía y a las que se aspira cumplir de manera trascendente desde lo material a lo espiritual, construyéndose una moral laica con principios donde un rol fundamental se relacionan con la coherencia y la consecuencia.

Es necesario precisar lo anterior, tanto la importancia del bien común como objetivo social como aquella de la ética laica, para poder abordar el tema de nuestro actual tributario con una mirada que quizás se aleja de los tecnicismos tradicionales y lo pone a la altura de cualquiera de nosotros.

 

Un sistema tributario es una construcción socio política que tiene efectos prácticos sobre la vida de cada uno de sus contribuyentes, tanto al momento de aportar como de recibir, razón por la que se requiere que sea comprendido y valorado en su propio mérito. En términos muy simples, se trata de contribuir a reunir un “pozo” que permita resolver las necesidades que son transversales a todo el colectivo.

Para que uno desee colaborar con esta “colecta” es imprescindible que cada contribuyente sienta que aporta de acuerdo a sus reales posibilidades, así como entiende que lo hace el resto de la población que le rodea. Asimismo se espera que se haga la distribución de dichos recursos: proporcionalmente a las necesidades (razonables) de cada cual. Si ello no ocurre en uno u otro caso, la credibilidad del modelo cae y aparece el descontento que lleva a la evasión y la elusión, que merma las posibilidades de éxito.

En un mundo globalizado como el actual, donde las actividades empresariales traspasan las fronteras geográficas, se genera una complicación para la que sin lugar a dudas no estábamos preparados: Cada Estado define sus propias reglas tributarias. Ello, considerando que la formación superior de carácter empresarial se encuentra altamente influenciada por el modelo neoliberal y capitalista, los impuestos no se toman como una justa contribución por el uso de los factores productivos, sino como una reducción de las utilidades que demandan los stakeholders. Por ello, las empresas han buscado “internacionalizarse” instalando sus casas matrices en aquellos países donde las tasas de recaudación tributaria sea la menor posible, generando un espacio para la aparición de los llamados “paraísos fiscales”.

Estos territorios se caracterizan por su muy baja o inexistente carga tributaria, pero más aún, por el fuerte secreto bancario de su legislación, que permite operar tranquilamente sin tener que rendir cuentas respecto al origen o el uso de los fondos allí depositados. En otras palabras, si yo desarrollo una actividad comercial rentada, el pensamiento actual parece ser “¿Dónde me conviene declarar mi renta y pagar mis impuestos? ¿Dónde encuentro la tasa tributaria más baja que me permita maximizar mis utilidades?”. Ello en reemplazo del pensamiento asociado a la ética humanista que me llevaría a contribuir tributariamente a la sociedad o país que me permitió generar utilidades comerciales.

La Global Financial Integrity, en su informe respecto de los Flujos Ilícitos de Fondos (desvíos clandestinos de capitales hacia paraísos fiscales) del año 2015, señaló que en la década comprendida entre el 2004 y el año 2013, más de 54 mil millones de dólares procedentes de Chile habrían llegado a territorios identificados como “Tax havens”. De dichos capitales se desconoce la forma en que se generaron y seguramente corresponden a operaciones de evasión tributaria o lavado de activos. Si la carga tributaria efectiva de Chile según la OCDE es cercana al 20%, podemos suponer que el Estado habría dejado de percibir alrededor de 11 mil millones de dólares en el mismo periodo.

Sin querer entrar al tema técnico tributario y/o sus efectos en la implementación de políticas públicas requeridas mayoritariamente por la ciudadanía, me permito proponer la siguiente reflexión: El ejercicio del poder político requiere de una buena dosis de ética, la que debiera sustentarse en la práctica habitual de la coherencia y la consecuencia, es decir, que exista una continuidad entre aquello que se piensa, se dice y se hace, ¿no? Entonces, sabiendo que la moral laicista se construye a nivel individual y que cada quien es coherente y consecuente desde sí miso y hacia los demás, ¿no debiéramos entregar el poder político a aquellos ciudadanos que hayan mostrado, muestran y mostrarán coherencia y consecuencia con un afán de colaborar con el bien común, en beneficio de la sociedad toda?

Candidatos más, candidatos menos, tanto a nivel de dirigentes sociales, concejales, alcaldes, futuros gobernadores, diputados, senadores y otros del poder ejecutivo, lo importante en mi personal opinión es abrir, difundir y fomentar el debate ciudadano respecto de las cosas que importan. 

La libertad de conciencia tiene relación directa con lo que vivimos cotidianamente y como nos vinculamos entre nosotros como colectividad. 

La forma en que contribuimos financieramente a este proyecto colectivo llamado Estado de Chile debiera ser un tema permanente en nuestras mesas, escritorios y otros espacios, de manera que nunca llegue a detentar puesto de poder alguno alguien que no pueda demostrar que en su vida una prioridad sustancial ha sido contribuir al bienestar de la sociedad como un todo, poniendo intereses superiores por sobre los personales.

 

 

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