Pese a que se trata de la principal causa de muerte materna a nivel mundial, en muchas partes del mundo hablar del aborto continúa siendo un tabú. Es el caso de Latinoamérica, en donde la interrupción voluntaria del embarazo o aborto inducido es considerado un crimen por las legislaciones de la abrumadora mayoría de países que la componen. En la imagen se puede ver la realidad de América del Sur.
De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional (AI) de marzo de 2016, el 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad reproductiva viven en países donde el acceso al aborto seguro está severamente restringido por ley.
Ese informe ponía su acento en que, como siempre sucede en la región más desigual del mundo, la necesidad insatisfecha de servicios de salud sexual y reproductiva afecta de manera desproporcionada a las personas que viven en situación de pobreza y marginalización.
A esa situación se suma el hecho de que en América Latina y el Caribe la mitad de los embarazos son no deseados y no planificados -como consecuencia de la violencia sexual, la demanda de anticoncepción insatisfecha y un patrón cultural que prioriza el rol de la mujer madre-, tasa que se ha mantenido inalterable desde 1985, de acuerdo con el mismo informe.
Con la salvedad de Uruguay, la capital de México, Cuba, Guyana, Guayana Francesa y Puerto Rico, los países de la región oscilan entre la prohibición absoluta del aborto (con penas de prisión para quienes lo practican) y la prohibición con algunas pocas excepciones.
Dichas excepciones son tres, usualmente reconocidas en los códigos penales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la madre y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevida. Sin embargo, son usuales los casos en los que las trabas burocráticas y las dificultades a la hora de hacer cumplir dichas excepciones hacen que se superen los tiempos establecidos por ley, por lo que los derechos de esas mujeres terminan siendo vulnerados.
Chile, el país más retrasado en una legislación mínima que considere el aborto, después de haber sido uno de los primeros en establecer causales llamadas terapéuticas, durante el año que termina, ha sido conminado por la ONU y Amnistía Internacional a legislar debido a casos que han afectado a niñas.
Hace diez días, Argentina fue conminada por la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, quien denunció en Buenos Aires que la falta de implementación del protocolo sobre el aborto no punible en dos de cada tres provincias argentinas supone una «violación de los derechos humanos» y «contribuye a la alta tasa de mortalidad materna» en el país. Simonovic exigió al Gobierno argentino que haga cumplir el protocolo existente e impulse un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, segpun informó el diario español “El País”(22/11/16).
Abortar en Argentina es ilegal excepto en el caso de una violación o si el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la madre. Aún así, cada año se practican alrededor de medio millón de abortos en el país suramericano. Las mujeres que deciden interrumpir su embarazo fuera de los supuestos legales se enfrentan a un proceso penal, pero incluso las que tienen reconocido el derecho por un fallo de la Corte Suprema deben superar numerosos obstáculos, como la falta de información, ausencia de protocolos y la objeción de conciencia de los médicos.
