El escándalo del Instituto Próvolo en Mendoza

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por Carlos Leiva V.

Recientemente han salido a la luz denuncias de abusos sexuales cometidos durante años por curas del  Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, una institución destinada a  la educación de niños sordos e hipoacúsicos. En la investigación quedaron detenidos a imputados dos curas del colegio: Nicolás Corradi (82) y Horacio Corvaro (55). Las denuncias fueron efectuadas por dos víctimas, que contaron las vejaciones ocurridas cuando eran menores de edad, por el año 2007, estimándose que habría más de 60 víctimas y no se descarta  que los abusos continúen ocurriendo en la actualidad.

El viernes 2 de diciembre recién pasado, centenares de personas se concentraron en el KM 0 de la ciudad, convocadas por la Asociación de Sordos de Mendoza, la ONG Madres de hijos con discapacidad y un grupo de padres bajo el lema #NiUnAbusoMas. En paralelo.

El  Gobierno de Mendoza  decidió intervenir el establecimiento a través de la Dirección General de Escuela (DGE).

Más allá del repudio generalizado que suscita este nuevo descubrimiento de abuso sexual perpetrado por religiosos católicos, y de la exigencia de demandar las responsabilidades penales ineludibles en este caso, saltan a la vista los comportamientos institucionales cómplices que contribuyen a perpetuar estas horrorosas situaciones.

Por una parte, se repite el comportamiento encubridor  de la jerarquía eclesiástica. En efecto, en estos días se ha conocido que uno de los acusados, el cura Corradi, llegó a Mendoza hace más de 30 años proveniente de Italia, trayendo sobre sus espaldas ya varias acusaciones por abuso sexual a niños sordos del Instituto Próvolo de Verona. De hecho, estaba acusado junto a otros 130 sacerdotes de abusar sexualmente de niñas y niños sordos entre 1955 y 1984. Los casos en contra de Corradi en Verona ascenderían a 60.  Lejos de ser juzgado o sancionado, este clérigo fue reubicado en Argentina, en lo que se entiende un “pacto de silencio” al interior de la Iglesia católica. El traslado del cura Corradi a Argentina, sería uno más de un número indeterminado de curas pedófilos italianos que habrían sido reubicados en las sedes del Instituto Próvolo de  La Plata y Mendoza, con el evidente conocimiento de las autoridades eclesiásticas argentinas, dentro de las cuales, se afirma, podría haber estado Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco.

Por otra parte, preocupa la debilidad de la institucionalidad estatal para hacer frente a estos abusos. El Instituto  Próvolo  de Mendoza  se encuentra bajo el control pedagógico y administrativo de la DGE y recibe financiamiento estatal, que subsidia 15 de los 45 cargos docentes con que cuenta el Instituto. Las protestas del viernes pasado en Mendoza  también se dirigían hacia las autoridades estatales que, pese a los fuertes cuestionamientos frente a lo que sucede en los institutos religiosos, continúan financiando a la Iglesia Católica y sus escuelas.

A lo anterior, se agrega la pertinacia de la autoridad eclesiástica en insistir en su carácter de institución que requiere trato especial del Estado y, por otra parte, la sumisión en que caen las autoridades políticas cuando se trata de la Iglesia. A esto se refiere el comunicado del martes 6 de diciembre de la organización “Encuentro Laicista de Mendoza” (ELM) de la cual transcribimos algunos párrafos que nos parecen significativos:

“El Encuentro Laicista de Mendoza (ELM) repudia la renuencia del arzobispo Carlos María Franzini a concurrir a la Legislatura para ser interrogado sobre los graves sucesos de pedofilia eclesiástica ocurridos en el Instituto Próvolo…  La República Argentina no es un feudo del Vaticano, y los clérigos que residen en ella no están eximidos de las obligaciones que le caben al resto de la ciudadanía”.

“El ELM repudia también la decisión parlamentaria de enviar una comisión bilateral al Arzobispado para “escuchar” a Franzini, como si éste fuera un Virrey de la Colonia al que se le debe pleitesía.  Quienes tienen la elevada misión y dignidad de representar al pueblo de Mendoza en la casa de las leyes, jamás debieran proceder con obsecuencia, genuflexión y servilismo ante un poder fáctico hostil a la democracia y la laicidad, que desde hace décadas protege y cobija individuos que han perpetrado crímenes sexuales aberrantes contra personas indefensas menores de edad”.

“Hoy más que nunca se hace evidente la necesidad de completar el proceso de separación entre Iglesia y Estado, que quedara trunco a fines del siglo XIX. El flagelo de la pedofilia eclesiástica no se acabará mientras las Iglesia católica conserve su estatus anacrónico de corporación privilegiada del Antiguo Régimen y goce de tanta impunidad ante los poderes públicos de la República”.

Vaya nuestro apoyo a  la denuncia de Encuentro Laicista de Mendoza, en la esperanza de que ella contribuya a fortalecer  la conciencia social sobre el laicismo.

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