por Gonzalo Herrera
Hace 68 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH). En un periodo de postguerra, caracterizado por un clima de desconfianza que provocaba fuertes tensiones entre las dos superpotencias, EE UU y la Unión Soviética, la publicación de este código significó un enorme triunfo para centenares de millones de personas que, en todos los continentes, aspiraban a la paz mundial a través del reconocimiento pleno y total de la dignidad de los seres humanos.
El horror que había pasmado las conciencias al conocerse la atrocidad de los crímenes masivos del régimen nazi, las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, que acabaron con la vida de más de 250.000 víctimas inocentes y, en general, la barbarie de la guerra que provocó más de 40 millones de muertos, impulsó la unión explícita entre los derechos humanos, así como se conocían desde el siglo XVIII (Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano), y este nuevo concepto de dignidad, surgido en el último siglo, como un grito desgarrador de millones de seres humanos, humillados, torturados y asesinados.
Sin excepción alguna, exenta de toda limitación o prescripción, la dignidad de las personas constituye el gran principio moral del que se desprenden todos los demás derechos considerados esenciales. En tanto consustanciales a la persona, debe entenderse que los Derechos Humanos fueron reconocidos, y no creados en 1948. La Declaración, nacida como un “ideal común”, desprovista inicialmente de ejecutoriedad legal, es reconocida hoy como la “Carta Magna de la humanidad”, revestida de una autoridad no discutida e invocada por más de sesenta instrumentos internacionales, que conforman un amplio sistema de tratados de obligatoriedad jurídica para la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el mundo.
La tarea que aún está pendiente es que este concepto de la dignidad humana, inspirado en normas morales sobre el respeto igualitario que se debe a toda persona, se encarne en el derecho positivo y en los permanentes procesos legislativos de perfeccionamiento democrático de los países, con el propósito de avanzar hacia un ethos político fundamentado en los derechos humanos. No basta repetir una y otra vez el carácter “inalienable” que estos tienen, casi como una invocación religiosa; es necesario poner además voluntad política para que los derechos humanos alcancen grados suficientes de eficacia para la mujer y el hombre común, en una sociedad marcada por la desigualdad.
La madurez y solidaridad de una sociedad podrán medirse entonces en la medida que los ciudadanos, conscientes de compartir una misma naturaleza y ser sujetos de los mismos derechos, exijan de la autoridad leyes y tratos que honren la dignidad y respeto de todos los seres humanos —no sólo de los connacionales— por igual. Del mismo modo que los DD HH fueron considerados en su momento un instrumento para suprimir las causas de la guerra entre naciones, así también la preservación de estos derechos constituye hoy la mejor garantía para la estabilidad del Estado de derecho.
El tímido proceso que ha impulsado el gobierno de Michelle Bachelet para elaborar una nueva Constitución Política, debería empezar reconociendo los derechos humanos en su totalidad, y no de la forma genérica que el artículo 5° de la actual Constitución los menciona (“El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”). Este reconocimiento debería garantizar la obligación del Estado de crear los mecanismos necesarios para asegurar su protección. Porque la dignidad humana no se reduce a la lucha contra la exclusión, contra la discriminación o, como ocurriera en el pasado reciente en Chile, contra el terrorismo de Estado y la tortura, sino que involucra otros derechos, como son el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, a un medioambiente saludable, entre muchos otros.
Lamentablemente, esta nueva efeméride de la DUDDHH sorprende al mundo con graves violaciones a derechos fundamentales de seres humanos que reciben tratos vejatorios y son víctimas de humillación y discriminación. Ante la indiferencia de la opinión pública occidental, muchas personas mueren diariamente en el Mediterráneo (casi 4 mil en lo que va del 2016, según la ACNUR), intentando huir de países africanos en atestadas y frágiles embarcaciones, con la esperanza de salvar sus vidas y la de sus familias en Europa. Mucha ha de ser la desesperación para abordar aquellas balsas, llevando niños pequeños, en que cada ola les arrebata alguno.
Sólo compenetrándose del horror que se vive en países como Sudán, donde las masacres perpetradas por grupos islámicos contra sectores cristianos han dejado centenares de miles de muertos, o del genocidio que comete el Estado Islámico (ISIS) contra minorías religiosas en Irak y Siria, o del bombardeo indiscriminado sobre poblaciones civiles de estos países por fuerzas occidentales lideradas por EE UU, puede llegar a entenderse la tragedia de los desplazados, que para peor son usados como objetos en infames campañas antiinmigración.
Dentro de nuestras fronteras, sin que se haya manifestado un repudio generalizado, conocimos el caso de la machi Lorenza Cayuhán, a la que se mantuvo con grilletes en sus tobillos en el momento de dar a luz, en una clínica privada de la región del Biobío, violando la más básica protección y dignidad que debe el Estado a la madre y su hija. La escasa cobertura mediática proporcionada a esta decisión incalificable de parte de Gendarmería, habla por sí sola de la discriminación a la que se ven sometidas las minorías étnicas en el país.
Para finalizar, una curiosa paradoja. El mismo día 10 de diciembre en que recordábamos el 58 aniversario de la Declaración, hace diez años atrás, fallecía el más cruel violador de los derechos humanos que el país haya conocido, Augusto Pinochet, lo que puso término a los numerosos procesos judiciales que se llevaban en su contra, imponiendo la impunidad del dictador y la imposibilidad de reivindicar la dignidad de miles de sus víctimas, propósitos a los que, lamentablemente hasta ahora, han contribuido las Fuerzas Armadas con una política institucional de encubrimiento.
