Ante una suerte de superchería, que se ha instalado contra el plan de vacunación contra el virus del papiloma humano, las Cortes que han acogido los recursos de los padres que, en base a simples rumores difundidos por internet, se oponen a que sus hijas sean inoculadas, deberían considerar cuáles serán las consecuencias futuras para esas niñas en el caso de no recibir la vacunación.
Esto sobre la necesidad de que las Cortes deben proteger los derechos y la salud de las niñas con una perspectiva de futuro, como ocurre con este tipo de políticas de salud, y hacerse cargo de cuál será el reproche al Estado que podría hacer una de esas niñas cuando enfrente consecuencias por no haber recibido su protección legal y sanitaria, ante la conducta de sus padres fundada en simples creencias urbanas.
Hoy se ha conocido una opinión adicional, que recoge la preocupación frente a decisiones judiciales que se centran en el interés de los padres y no en los derechos de salud de las niñas.
En declaraciones publicadas en el periódico Publimetro.cl, el Director de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile, Mauricio Osorio, opinó sobre la resolución de octubre pasado de la Corte de Apelaciones de Sn Miguel, que suspendió la aplicación de la vacuna contra el cáncer cervicouterino en cuatro niñas, luego de un recurso presentado por sus padres.
El académico argumenta que no hay registro de efectos adversos graves calificados causados por esta vacuna y que no hay evidencia científica que asocie la vacuna con los problemas con los que se le intenta asociar” Reconoce que muchas de las dudas se producen porque “esta es una vacuna relativamente reciente dentro del programa de inmunizaciones, pero que son políticas de Estado».
Respecto al recurso acogido en que se solicita informar las desventajas de la inoculación, el experto afirma que “generar un grado de alarma, mencionando alguna de estas supuestas reacciones que podrían asociarse a la vacuna, sabiendo que no hay evidencia, sería una irresponsabilidad”.
En relación a la petición de la Corte de Apelaciones, el especialista sostiene que “una parte fundamental en esto es cómo están redactados los recursos, no necesariamente con rigor netamente técnico. En esa lógica, uno siempre esperaría que en los temas técnicos y sanitarios, quien tenga que pronunciarse sea la autoridad competente y no los tribunales”.
