Ni el Rey es constitucionalmente católico, ni la Iglesia católica es teológicamente monárquica, dice el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan José Tamayo, en una columna de opinión en el Periodico.com/es. Y, sin embargo, agrega, el pasado mes de noviembre Felipe VI visitó oficialmente, en calidad de jefe de Estado, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del 50 aniversario de su creación. Estuvo acompañado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que copresidió el acto. En su discurso el Rey elogió la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia católica, y el presidente de la CEE,Ricardo Blázquez, expresó lealtad a la Monarquía y pidió a Dios bendiciones para la familia real.
A tenor del carácter oficial de la visita podemos estar ante una reedición de la alianza entre el trono y el altar, dos instituciones no democráticas y patriarcales, ya que, por una parte, el jefe del Estado español no es elegido por la ciudadanía y el varón tiene preferencia sobre la mujer para acceder al trono, y por otra los obispos no son elegidos por la feligresía católica ni las mujeres pueden acceder al sacerdocio y al episcopado.
Tras 40 años de democracia y varias transiciones, señala Tamayo, en España el nacional-catolicismo no acaba de morir y el laicismo no acaba de nacer. La responsabilidad de ambos fenómenos es compartida a partes iguales por los diferentes gobiernos de derechas, de centro y de izquierda, que no dieron los pasos adecuados para enterrar el modelo nacional-católico y crear un Estado laico. Una responsabilidad no menor le corresponde a la jerarquía católica, que, desde el principio, exigió conservar buena parte de los privilegios del franquismo, empezando por la referencia a la Iglesia católica en la Constitución de 1978 y siguiendo con los pingües beneficios en campos fundamentales como la educación, las exenciones fiscales, la dotación económica, los bienes culturales eclesiásticos, la atención a las Fuerzas Armadas, etcétera.
Tales beneficios quedaron plasmados en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que establecían una clara discriminación de las demás confesiones religiosas. En este terreno es innegable la complicidad de los sucesivos dirigentes eclesiásticos y de los sucesivos gobiernos que, o bien aprobaron dichos acuerdos, o bien no los denunciaron. Son esos privilegios los que están salvando a la Iglesia católica en la crisis profunda en la que está sumida.
Hoy siguen dándose manifestaciones de nacional-catolicismo y de resistencia al laicismo, expresa el académico. Y ejemplifica: Una fue el juramento deMariano Rajoy y de 11 de sus 13 ministros en la Zarzuela al tomar posesión de sus cargos reconociendo a la Biblia el mismo rango que la Constitución y con presencia del crucifijo, lo que venía a legitimar la política del Gobierno del PP. Esta estampa confesional nos retrotrae a épocas históricas que creíamos superadas. La segunda manifestación nacional-católica ha sido la presencia de una delegación oficial de las tres instituciones del Estado (nacional, autonómica y municipal) en el Vaticano en la imposición del capelo cardenalicio al arzobispo de Madrid,Carlos Osoro.
