En el instituto había una pequeña capilla, donde a los niños los confesaban y les daban la comunión. Allí se producían las violaciones anales y vaginales, los manoseos y las prácticas de sexo oral también ocurrían en los cuartos de baño, los dormitorios, el jardín y un sórdido sótano del centro educativo Antonio Próvolo, situado en la localidad mendocina de Luján de Cuyo, según la denuncia de los alumnos del instituto contra los dos curas y tres laicos, que ha investigado el fiscal de Mendoza Fabricio Sidoti.
El caso golpea a las puertas del Vaticano, dice Noticias.Terra.cl (23/12/16), que desoyó las advertencias de víctimas italianas sobre el cura Nicola Corradi, quien se encuentra detenido en Mendoza. El sacerdote de 82 años, había sido acusado en 2009 por delitos similares cometidos desde la década de 1950 en el Instituto Antonio Próvolo de Verona.
Sin embargo, la jerarquía de la iglesia no cuestionó su permanencia en el centro mendocino cuando salieron a la luz los casos de abuso en Italia, su país natal, tal como ha ocurrido en innumerablaes ocasiones y que evidencia de modo patético la película Spotlight (En primera plana), que HBO ha estado exhibiendo en América Latina, basada en hechos reales en la ciudad de Boston, hace algunas décadas (ver Revista Iniciativa Laicista de marzo de 2016).
Según la investigación de Sidoti, los agresores abusaban especialmente con los niños que dormían en los albergues del instituto. Una de las testigos afirmó haber visto a uno de los curas violar a una niña mientras el otro sacerdote la obligaba a practicarle sexo oral. Los menores miraban a escondidas, a través de las cerraduras de las puertas, entre las rendijas de las persianas. Aparentemente, algunos niños incluso abusaron de sus compañeros en los dormitorios, entendiendo que ello era parte de una lógica perversa, en lo que se ha definido como una naturalización del horror en el que estaban inmersos.
Como reacción ante tales informaciones, la asociación Apostasía Colectiva de Mendoza lanzó una campaña para abandonar la pertenencia a la iglesia católica, informan medios locales. La campaña ya está generando repercusión y adhesión a través de su página de Facebook. La apostasía significa que un bautizado por la iglesia católica solicita dar de baja su pertenencia a la institución. Este pedido, considerado como un «delito» para la iglesia (porque «constituye el rechazo total de la fe cristiana») implica, sin embargo, desde una perspectiva jurídica, «el ejercicio de un derecho consagrado» (laizquierda.diario.com 16/012/16)
El abogado, asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, Carlos Lombardi ha indicado a este medio: «Esto está en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es el derecho de cambiar o mantener la religión. Conforme a eso muchas personas ejercen ese derecho y solicitan a la iglesia católica abandonarla»
A raíz de los casos de abusos y otros hechos reapareció en los medios, en las redes sociales y en otros ámbitos, la discusión sobre la financiación de la Iglesia Católica por parte del Estado. Un punto que la iglesia cree fuerte para fundamentar su financiación por parte del Estado, es la cantidad de afiliados (bautizados) con los que cuenta. Acciones como las convocadas por Apostasía Colectiva, invitan a renunciar a esa afiliación buscando desligar al Estado en su responsabilidad de sostener un credo del que cada vez más gente descree.
