Columna de Opinión
Irrupción en política contingente de Obispo-General de Ejército
Carlos Leiva Villagrán
¿Sabía Ud. que el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile es un General de Brigada del Ejército de Chile?
Efectivamente, como ya fue reportado por Iniciativa Laicista el pasado 16 de noviembre, el general de brigada Santiago Silva Retamales, en su calidad de obispo castrense, ha asumido recientemente la presidencia de la Conferencia Episcopal, entidad que agrupa a todos los obispos del país y que es la cara visible de su Asamblea Plenaria.
Ciertamente, la mera existencia de una dignidad eclesiástica al interior de una institución del Estado, como es el Ejército de Chile, con un cargo formal y, aún más, del más alto nivel en su organización, constituye una aberración al interior de una república. Es una situación demostrativa más de la ilusoria separación de la Iglesia del Estado, que muchos señalan que se habría concretado con la Constitución Política de 1925, pero que los hechos desmienten a diario.
La presencia institucional católica en el Ejército se oficializó en 1910 y no ha sido menguada por los cambios constitucionales de la república, tal que, por el contrario, en 1986 su categoría fue elevada de Vicaría a Obispado. Esto, en el contexto del acuerdo especial que rige las relaciones entre el Estado Vaticano y el Estado de Chile, y que otorga al Papa la facultad de nombrar al obispo castrense y que obliga al ejército chileno a otorgarle el grado de General de Brigada.
Silva Retamales fue ungido en la doble condición de autoridad eclesiástica y militar en septiembre de 2015, y a poco más de un año después llega a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Nunca un obispo castrense había ocupado este cargo, y el significado que ello tiene parece que comienza a revelarse, pues no deja de ser sugerente que en torno a la asunción de Silva, se haya producido una precipitación episcopal por crear como hecho de opinión pública el debate sobre la liberación de encarcelados en Chile por razones de enfermedad incurable.
En su primera declaración de la Conferencia Episcopal presidida por Silva Retamales, del reciente 21 de diciembre, se lee: “Jesús, al final de su vida pública, fue apresado, juzgado y condenado a morir en la cruz. Muchos de sus discípulos fueron encarcelados por dar testimonio de su resurrección. Para nadie es desconocido el sufrimiento que se experimenta cuando se vive privado de libertad en una cárcel, incluso cuando es producto de un juicio justo y correctamente ejecutado. Sin embargo, hay situaciones especiales en las que se nos abren espacios para que como sociedad demos signos de humanidad y podamos crecer en clemencia y misericordia. Es el caso de aquellos que están cumpliendo una condena y, además, sufren una enfermedad terminal o alguna alteración en sus facultades mentales que afectan gravemente sus capacidades y disminuyen notablemente su relación con el medio y con las demás personas. Somos conscientes de las dificultades legales que implicarían estas medidas. Pero, ¿no será el momento en que como país busquemos los mecanismos jurídicos para que personas con estas dificultades, siguiendo criterios objetivos, puedan continuar cumpliendo en sus casas, junto a sus seres queridos, la condena recibida?”
Los obispos proponen una salida general, pero su ojo está puesto, todo el mundo lo sabe, en su aplicación a los militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura de Pinochet y recluidos en la cárcel de Punta Peuco, especialmente construida para ellos en 1995, en una decisión de congraciamiento con el poder armado del gobierno democrático del presidente demócrata-cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. No en vano hace un tiempo el obispo Silva Retamales visitó el penal de Punta Peuco y esta semana se ha organizado una ceremonia ecuménica en dicha cárcel, esto es con participación de otras iglesias, en que el lobby eclesiástico se reforzaría con el arrepentimiento público que expresarían algunos militares presos.
El escenario de presión sobre la autoridad política está siendo montado cuidadosamente por una alianza militar, política y eclesiástica, donde esta última parece tener la vanguardia, premunida de argumentos morales como los de humanidad, clemencia y misericordia, señalados en su declaración. Una vez más la Iglesia irrumpe en el terreno político, procurando influir en las decisiones públicas, desde la perspectiva de su fe y ahora a través de un General. Es el sufrimiento de Jesús que “fue apresado, juzgado y condenado a morir en la cruz”, que actúa como enganche para acarrear agua al molino de su pretensión, esta vez aliada al poder militar, alianza encarnada precisamente en el General Obispo Silva Retamales.
Es la oportunidad entonces de representarle, una vez más, a la jerarquía de la Iglesia que, a diferencia de su recordada y elogiada participación en dictadura a través de la Vicaría de la Solidaridad, el contexto republicano impone un espacio laico para el debate de ideas y propuestas sobre la base del interés común, fundadas en proposiciones discursivas destinadas a ser reconocidas en el terreno público según sus fundamentos morales y racionales, y de ninguna manera asentadas en creencias y poderes religiosos ni en intereses particulares.
Claramente, el General Obispo Silva Retamales, ahora como presidente de la Conferencia Episcopal, encarna en su persona una inédita alianza militar-religiosa, como representante de una fronda emergente en Chile que reedita una inveterada pretensión anti laica y anti republicana.
