Hasta el momento, Ricardo Lagos Escobar sigue siendo el candidato presidencial que ha estado señalando proposiciones más concretas y detalladas, respecto de los problemas que deben ser abordados en un próximo periodo presidencial. Lo confirma su columna de opinión que publicara en “El Mercurio” (24/12/16), bajo el título «Hacia un nuevo pacto con los pueblos originarios», donde propone la existencia de «un diálogo civilizado» para poner fin a la violencia y satisfacer lo que define como “una gran deuda con los pueblos originarios”, que debe ser abordada mediante el reconocimiento constitucional, la representación en el Congreso y nuevas políticas públicas.
“Los índices de pobreza, desempleo y falta de igualdad de oportunidades que los afectan, estimulan la falta de cohesión social, la desconfianza entre las comunidades y el Estado, y los estallidos de violencia”
“Por ello – agregó -, la solución para seguir adelante es, en primera instancia, política”, señalando que la primera tarea en ese aspecto, “es el reconocimiento constitucional” de los pueblos originarios,
«Esta reivindicación va de la mano con acelerar la creación de un ministerio y de un espacio de representación autónomo como un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, que eleve el estándar de los temas indígenas en el Estado».
Ello permitiría avanzar “en propuestas relativas a la autodeterminación, territorio, derechos lingüísticos y protección del medio ambiente», aseguró.
«El segundo eje es la participación política – indicó. -Hoy no tenemos ningún parlamentario mapuche en el Congreso. Para revertir esta situación, debemos reconocer los derechos de representación política de los pueblos indígenas». Lo que debe hacerse «a través de escaños que ellos mismos puedan elegir, de acuerdo a un padrón electoral propio de las etnias originarias. Así podrían conformar una representación parlamentaria en su nombre, basada en la proporción de los pueblos originarios respecto del total de la población de Chile».
También Lagos explicó que el tercer aspecto a abordar consiste en «impulsar políticas públicas con enfoque en derechos sociales y pertinencia cultural, que hagan transversal el tema indígena en todas las decisiones del Estado y que logren ser incorporadas por toda la sociedad».
“Los pueblos originarios son un componente patrimonial de nuestra sociedad, y Chile, al reconocerse como un Estado Multicultural, debe proteger y respetar esa diversidad”, señaló en la parte final de su propuesta.
