Columna de Opinión
La Pontificia contra el Estado
Gonzalo Herrera
Sintiéndose agraviada, la Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado una demanda contra el Estado por incumplir la ley que establece la entrega de Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las universidades. Arguye el rector Sánchez que se trata de una “normativa vigente, creada como ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”. Pero el rector omite señalar que la decisión de no entregar recursos para el AFI fue sancionada por el Congreso, con una amplia mayoría integrada por parlamentarios de todos los sectores, durante la pasada tramitación de la Ley de Presupuestos.
Habiéndose instituido durante la dictadura, el D.F.L. N° 4 de 1981 que estableció este financiamiento, tenía como objetivo aumentar la calidad de la educación en la lógica de mercado del modelo económico impuesto: la competencia entre las instituciones y su capacidad para captar a los mejores alumnos que postularan al nivel superior. De esa manera, subvencionaba aranceles a través de un aporte monetario —en 2015, último año que operó a plenitud, canalizó alrededor de $ 25.000 millones— de acuerdo al número de matrículas que las instituciones lograran entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. El monto anual era asignado por la Ley de Presupuestos del Sector Público, que fue la que redujo este aporte a la mitad para el 2016 (destinando el otro 50% a financiar gratuidad y becas), eliminándolo en forma total para el presente año.
En las propias palabras del rector está la razón de por qué el Gobierno haya decidido quitar el AFI. El “fortalecimiento de las instituciones con alto desempeño”, en conceptos de Sánchez, ha sido posible a través de un flujo ascendente de recursos públicos a las universidades privadas, transformándolo en un instrumento regresivo al favorecer inequitativamente a los planteles que acogen a los alumnos de familias con mayores recursos del país. Es historia sabida que al amparo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada al inicio del periodo post dictadura, en marzo de 1990, y derogada recién en 2009, surgieron poderosas empresas en torno a la educación, las que constitucionalmente podían aceptar la participación de sociedades de inversionistas, lo que hizo del lucro su objetivo central.
A través de los años, la evolución del aporte ha ido confluyendo cada vez más a las universidades privadas, pertenezcan o no al Consejo de Rectores (CRUCh). Estas, en 1990, percibían el 52% de los recursos entregados bajo el ítem AFI, mientras las estatales recibían el 45%. Ya en el 2014, el porcentaje se alzaba al 65% para las privadas, en tanto las estatales debieron repartirse el restante 35%. Estas cifras son coherentes con las entregadas por CIPER, que señala que el año 2015 el 66.5% de la totalidad de los recursos fiscales para Educación fue al sistema privado (incluyendo universidades pertenecientes y no pertenecientes al CRUCh), mientras las estatales obtuvieron el 33.5%. Los recursos totales recibidos por las privadas se desglosa en un 26.6% para las que integran el CRUCh y un 24.7% para las privadas no tradicionales.
Resulta un acto de hipocresía inaceptable que los sectores políticos y empresariales que permanentemente se han opuesto a la reforma educacional, intenten desconocer que todo lo obrado hasta ahora en esta materia, en todos los niveles, con excepción tal vez de la educación preescolar, ya sea por convicción o incapacidad, ha contribuido a imponer en el país una educación con criterio de mercado. Como analizábamos anteriormente, miles de millones de dólares se inyectan cada año a instituciones que luego se transan en el mercado, incluyendo a alumnos y profesores como bienes, que carecen de toda regulación financiera, y a las que hasta hace muy poco no se les exigía parámetros mínimos de calidad. Y que lo que en definitiva se defiende es la mantención de privilegios como es la subvención estatal, que permite el enriquecimiento de grupos económicos, incluso extranjeros, a través de la educación, o bien, la mantención de corporaciones universitarias de alto prestigio claramente orientadas a la formación de líderes para la élite que dirige los destinos del país, con evidentes sesgos ideológicos inspirados en la mirada neoliberal y/o en concepciones religiosas.
La dictadura transformó el Estado docente en subsidiario, y luego, en democracia, los partidos políticos que habían sido opositores a aquella, contribuyeron decisivamente en ensamblar un complejo modelo en que la educación privada terminó siendo financiada por el Estado, todo ello en nombre de la “libertad de enseñanza”. Entonces surge la pregunta: ¿a quién o a quiénes sirven las universidades privadas?
Una universidad privada, si recibe financiamiento del Estado, debería demostrar permanentemente su vocación de rol público, de manera que la producción de conocimientos (en sus tres expresiones: docencia, investigación y extensión) se oriente al bien común y que trasparentemente se ponga a disposición de toda la sociedad. No ha sido esta precisamente la aptitud manifestada por la Pontificia Universidad Católica, particularmente cuando el rector Sánchez se ha permitido desafiar lo que podría llegar a ser ley de la República, el actual proyecto de despenalización del aborto bajo causales determinadas, negándose de antemano a realizar abortos en los centros clínicos de esa Universidad (mantenidos con fondos de todos los chilenos), y a contratar a personal médico que no adscriba a los principios valóricos de la iglesia católica. Dado el lugar que ocupa la Universidad Católica, la mejor calificada del país, en la estructura socioeconómica nacional, cuesta desagregar esa determinación de su condición emblemática dentro de la clase dirigente, y de su afán de servir ideológicamente al sector más conservador de nuestra sociedad.
Y podríamos continuar, ¿a quién o a quiénes sirven la Universidad del Desarrollo, controlada por el grupo Penta y otros connotados políticos de la UDI; la Universidad de los Andes, doctrinaria del Opus Dei; la Universidad Finis Terrae, propiedad de la Congregación de los Legionarios de Cristo; la Universidad Mayor, cuyo directorio está formado por destacados excolaboradores de la dictadura? Probablemente nunca tendremos de ellas una respuesta tan honesta coma la de la modesta Universidad Adventista de Chile, que manifiesta formalmente tener por misión “la entrega de una educación fundamentada en principios y valores cristianos que se desprenden de las Sagradas Escrituras”.
La PSU, a juicio de todos los expertos en educación, dejó de ser un instrumento predictivo válido respecto a la aptitud del postulante para la educación superior. Sus resultados no reflejan necesariamente habilidades cognitivas, sino que dependen principalmente del estrato socioeconómico del estudiante, específicamente del nivel cultural en que crece y se desarrolla. De manera que el AFI, al basarse exclusivamente en los puntajes obtenidos en la PSU, “hereda” esta desigualdad, discriminando a los alumnos de menor nivel socioeconómico. Es un dato estadístico que los alumnos del quintil de mayores ingresos generan más del 56% de los recursos del AFI a las universidades.
De modo que la iracundia del rector Sánchez, que lidera en esta demanda a las otras universidades privadas, no responde a un detrimento causado por una acción ilegítima del Estado, sino a la soberbia del poderoso que considera que los privilegios adquiridos son eternos e intangibles, negando toda posibilidad de avanzar hacia una más justa distribución, disminuyendo en parte la desigualdad que impera en la sociedad.
Por último una anécdota digna del mejor teatro del absurdo. A lo menos tres senadores que votaron a favor de no otorgar recursos al AFI en la discusión del Presupuesto, aparecen ahora apoyando la demanda de la Pontificia. Como diría un plumífero personaje chileno: ¡Exijo una explicación!
