La demanda de la Pontificia Universidad Católica contra el Estado de Chile, ha generado reacciones entre quienes han liderado y lideran la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), y que son identificados y reclaman posiciones en el llamado «progresismo». Una que llamó particularmente la atención fue el twit del senador socialista, que ha realizado innumerables planteamientos a favor de la reforma, y seguramente motivado por su condición de ex alumno, expresó en Twitter. “UC debe ir a TC por discriminación arbitraria en la distribución de AFI. Gobierno en vez de apoyar a su mejor U le saca “patines@”. Boric lo evidenció. “senador de la Nva Mayoría defendiendo el AFI (instrumento abiertamente regresivo) e instando a la PUC a recurrir a TribConstitucional. Notable”.
Frente a ese twit reaccionó Giorgio Jackson, quien replicó “Confundiendo peras con manzanas y replicando slogan @FulvioRossiC ¡Se eliminó AFI para todas! ¿Cómo puede haber discriminación arbitraria?”.
El senador socialista ha pregonado últimamente que las universidades privadas también cumplen un rol público, a pesar de que puedan tener una orientación sesgada y específica. Rossi ha sido sindicado, junto al DC Ignacio Walker, como uno de los parlamentarios que apoyan la demanda de la UC, a pesar de haber apoyado el término del AFI.
Elmostrador.cl, ayer 11/01/17, ponía en evidencia otro tema relevante al respecto, relacionado con el estatuto de autonomía y la relación con el Estado que tienen las universidades públicas y privadas. Estas últimas: “no están sujetas al escrutinio de la Contraloría General de la República, sus empleados no son funcionarios del Estado, no están obligadas a cumplir con la Ley de Transparencia ni con la Ley de Compras Públicas y pueden, incluso, por motivos ideológicos muy ajenos a “la cosa pública”, contradecir políticas públicas oficiales del Estado de Chile, como ocurrió hace un tiempo en materia de salud pública cuando el Hospital Clínico de la PUC se opuso a distribuir la llamada “píldora del día después”. Es más, recordemos que autoridades de dicha universidad han liderado la oposición a la despenalización del aborto en tres causales –en plena tramitación en el Congreso de Chile– y han anunciado, a quien quiera oírlas, que no cumplirán con esa ley en el evento de aprobarse”.
En Radio ADN, en tanto, el ex presidente de la FEUC,Miguel Crispi, calificó de «inmoral»que la Pontificia Universidad Católica demande al Estado por no recibir unos 1.700 millones de pesos derivados del Aporte Fiscal Indirecto (AFI).
Agregó que la PUC no parece tener pocos recursos y ejemplificó con que «no sé quiénes han tenido la oportunidad de ir al Campus San Joaquín, en el último tiempo, y es una inmobiliaria. Una institución que crece con esa fuerza y con esa intensidad, me parece que debiera ser capaz de apretarse un poquitito el cinturón”.
Lo que sorprendió, sin embargo, fue la postura de Sofía Barahona, presidenta de la FEUC, de la NAU, que dijo que no apoyan que se reponga el AFI – que se entregaba a las instituciones que captan los mejores puntajes PSU –, ya que lo consideraban «regresivo», pero que sí compartían la inquietud del rector ante la incertidumbre por los fondos que recibirá esa universidad. «No estamos de acuerdo con que el rector defienda una herramienta de financiamiento regresiva como es el AFI, pero esta acción (la demanda) se explica en parte por la incertidumbre de que año a año se reparta la torta de forma diferente», afirmó agregando que «la UC sale perjudicada, por ejemplo, en la repartija de otros fondos, como el aporte basal por desempeño, donde se prioriza arbitrariamente a todo el resto del CRUCh por sobre la UC».
Parece un claro indicio de haber perdido, sin duda, la perspectiva de la igualdad y la equidad económica, que ha fundamentado su discurso político.
En la tarde del pasado lunes se realizaba una reunión extraordinaria del Consejo de la FEUC, donde el tema único era la demanda anunciada por el rector. No se ha conocido los resultados de ese debate.
Más allá de estas escaramuzas antes que las cuestiones comiencen a ventilarse en los tribunales, hay cuestiones de fondo que son obviadas desde hace mucho por autoridades y la clase política. ¿Corresponde que un Estado que se define como laico, y que ha comenzado a retomar conciencia de esa condición, financie una Universidad confesional? ¿Cuál es el fundamento con el cual se le reconoce a una Universidad su carácter público, en cualquier país, y no bajo las manidas recurrencias que solo se ven entre ciertos astutos políticos en el parlamento chileno? ¿Es la Universidad Católica de Chile, efectivamente una Universidad chilena?
