El inserto de la SOFOFA

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gonzalo2017

Columna de Opinión

El inserto de la SOFOFA

Gonzalo Herrera

Con su proverbialmente tendencioso lenguaje gráfico, el diario El Mercurio, en su última edición dominical, encabeza la página principal del cuerpo de Reportajes con dos fotografías que muestran, vis a vis, el rostro hosco y de mirada huidiza de la machi Francisca Linconao, y el semblante amable y sereno, mirando directamente a los ojos del lector, de Hermann von Mühlenbrock Soto, presidente de la Sofofa.

Como es sabido, éste había dado a conocer la semana anterior, a través de un inserto de prensa, el punto de vista de los empresarios industriales, respecto a que en la Araucanía «ya no impera el Estado de Derecho», achacando al gobierno toda la responsabilidad de la violencia en la zona, al no permitir una actuación más enérgica de los poderes del Estado para hacer respetar la ley. El efecto subliminal de la composición fotográfica es que se trata del enfrentamiento entre el “bien” y el “mal”, de la decencia y el orden versus el caos y el delito.

No son muchas las oportunidades en que los grandes empresarios del país hacen oír su poderosa voz directamente a la ciudadanía, utilizando a la opinión pública como caja de resonancia para que sus argumentos provoquen mayor impacto en el gobierno.

Más habituados a recurrir a privilegiados lobbies y códigos sibilinos para la obtención de favores, por décadas han ejercido su influencia embozada no sólo sobre los poderes del Estado, también en los partidos políticos, medios de comunicación y otros estratos de la sociedad, incluida la Iglesia católica — según la revista Capital (2014), la mayoría de los gerentes de las empresas más importantes de Chile se han formado en colegios católicos tradicionales, o vinculados al Opus Dei o a los Legionarios de Cristo — y las fuerzas armadas, como tan dramáticamente nos lo enseña la historia de nuestro país.

Obviamente, no se trata de una mirada humanista, de la honesta preocupación de un sector tan estratégico de nuestra sociedad respecto a un proceso de violencia que tiene causas históricas profundas y que se ve atizado por la pobreza, la discriminación y el racismo a los que se encuentran sometidos amplios sectores del pueblo mapuche. Difícilmente se le podría exigir a la Sofofa una definición ética respecto a una situación de tanto interés público como la que se vive en la Araucanía, que viene provocando una progresiva destrucción cultural y ambiental en los ecosistemas donde viven numerosas comunidades.

La falta de pronunciamiento y condena ante los escándalos empresariales conocidos en los últimos años, que en no poca medida fueron causantes también de la gravísima crisis de confianza que hoy afecta a la sociedad chilena, haría impensable una expresión gremial que no se sustentara en sus más mezquinos intereses.

El severo llamado de atención de los empresarios al gobierno es a “tomar medidas” (¿más represión?, ¿ocupación militar total?, ¿una segunda “pacificación de la Araucanía”?), es decir, la lógica de la dominación, que sin consideración alguna por la cultura, la forma de vida y el valor trascendental que constituye la propiedad de la tierra indígena, sólo evalúa los efectos económicos que causan las reivindicaciones de un pueblo hasta ahora inerme ante la explotación de tierras ancestralmente propias, por parte de grupos económicos forestales.

El laissez faire, laissez passer, practicado por distintos gobiernos desde la recuperación de la democracia, gracias al decreto Ley 701 de 1974, establecido por indicación del entonces director de la Corfo, Julio Ponce Lerou, que permitió traspasar las tierras en disputa a grandes grupos económicos, dio origen a una explotación forestal que hoy constituye la segunda actividad más importante después de la minería. Se permitió el reemplazo del bosque nativo — considerado sagrado por el pueblo mapuche y esencial para el ecosistema — por monocultivos de especies exóticas de crecimiento rápido, las que recibían una bonificación de un 75%.

El mayor beneficio lo obtuvieron las grandes forestales, particularmente las de propiedad del grupo Matte (pionero en la colusión del papel higiénico y a la sazón presidente de la CMPC) y de Angelini, que en conjunto concentran casi el 80% de las exportaciones forestales (madera y celulosa). Pero también terminaron usufructuando de aquella disposición legal espuria, y de las tierras adjudicadas, explotaciones mineras, empresas eléctricas y salmoneras. Es evidente entonces que, en la progresión del conflicto, se ha privilegiado el interés económico por sobre los derechos humanos del pueblo mapuche en relación a sus tierras.

El decreto Ley 701 tenía fecha de expiración. Fue prorrogado en 1998 por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por un periodo de 15 años, que terminaba en el 2010. En 2012, Sebastián Piñera envió otro proyecto de ley, destinado a extender los incentivos, ahora por veinte años, el que después de una compleja tramitación, obstaculizado por académicos, organizaciones sociales y comunidades indígenas, quedó dormido en el Congreso.

Luego, en 2015, Bachelet envió a la Cámara de Diputados un nuevo proyecto de ley a fin de prorrogar la bonificación por tres años más, hasta el 2018. El estallido del escándalo conocido como “colusión del confort”, hizo fracasar este nuevo intento, habida cuenta que el grupo Matte ha sido el holding más favorecido con las bonificaciones del decreto.

Muchas son las organizaciones y comunidades indígenas que son víctimas a diario de la represión policial, porque se ha priorizado la coacción sobre la negociación, porque prima la lógica de “integrar” más que la de respetar la otredad. A pesar de lo expresado por la Sofofa, el poder del Estado está dolorosamente presente, a diario, en la vida de las familias campesinas mapuche. Tanquetas, buses policiales atiborrados de efectivos fuertemente armados, aire irrespirable por gases lacrimógenos, cientos de detenidos “por sospecha”. Por ser “indios”. El caso reciente de Brandon Hernández Huentecol, comunero de 17 años, baleado por la espalda por Carabineros en medio de un “procedimiento policial” en Curaco, lamentablemente no es un caso aislado.

La machi Francisca Linconao (la de la foto mercurial) acaba de obtener el beneficio de arresto domiciliario y arraigo nacional, después de una huelga de hambre de 14 días, que la dejó en precarias condiciones de salud, controlada por el Colegio Médico. Detenida en la cárcel femenina de Temuco, había cumplido nueve meses de prisión preventiva, imputada por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, calcinado al interior de su casa por un atentado en el año 2013.

Este horroroso hecho criminal, del que nadie vacilaría en condenar de la manera más rotunda y categórica, parece haberse transformado no obstante en un juicio emblemático a una autoridad espiritual indígena (vínculo entre la comunidad y su cosmovisión), donde se juega la legitimidad y respetabilidad de la demanda mapuche versus la posición de la élite empresarial, que con su enorme influencia defiende esencialmente un proyecto extractivo-depredador inserto en la economía de mercado global, modelo económico al cual querrían integrar, como sumisa mano de obra, al pueblo originario.

No es positivo que se haya cedido a la presión de sectores altamente influyentes para llevar esta investigación penal por ley antiterrorista. Dictada en el año 1984 por la dictadura para enfrentar entonces la disidencia al régimen, ha sido duramente criticada, tanto por juristas nacionales como por organismos internacionales, al desconocer principios básicos de un debido proceso, negando garantías mínimas a los imputados. En 2014, el Estado de Chile recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por continuar aplicándola.

La posibilidad de que los acusados puedan ser condenados en mérito al testimonio de testigos anónimos, o la inversión de la carga, esto es la responsabilidad que cae en la defensa para demostrar inocencia, y ya no en la fiscalía para demostrar culpabilidad, son medidas procesales que trasgreden normas internacionales sobre derechos humanos.

Por el bien del país, por el respeto a la diversidad cultural, por la protección de los derechos humanos de las personas mapuche y no mapuche de la zona en conflicto, lo único que cabe en este caso es exigir que la justicia se esmere en alcanzar la verdad, que pueda operar con objetividad y libre de presiones para esclarecer los luctuosos hechos, y establecer el correspondiente castigo a quienes finalmente resulten culpables.

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