Con 20 votos a favor, dos abstenciones, y los votos en contra: de los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alberto Espina, Alejandro García, José García, Antonio Horvath, Hernán Larraín, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Víctor Pérez, Baldo Prokurica, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer y Patricio Walker, el proyecto de aborto por tres causales fue aprobado en general por el Senado chileno, quedando para los próximos meses su debate en Comisiones.
Sigue así su ralentizado avance, sorteando los obstáculos que impiden que aún no se reponga un derecho reproductivo de las mujeres, que fue eliminado por la dictadura de Pinochet..
Los senadores de la derecha tradicional votaron contra el proyecto, que otorgaría el derecho a la mujer de decidir la continuidad de un embarazo, en caso de inviabilidad fetal, ante el peligro de vida de la madre, y en caso de violación, siendo este aspecto el más sensible de aprobación, debido a concepciones machistas predominantes en el Congreso chileno, teñidas de explicaciones morales religiosas.
Los votos favorables los dieron los senadores de gobierno, con algunas excepciones. Es destacable la posición de los senadores DC que asumieron una digna opinión frente a los derechos de la mujer a tener alternativas sanitarias frente a las situaciones límites contempladas en el proyecto, interpretando las opiniones de la comunidad internacional representadas en las recomendaciones de la ONU y de la amplia mayoría de las mujeres chilenas.
Dos senadores se desafectaron de esa opinión, absteniéndose del debate: Andrés Zaldívar y Manuel Antonio Matta, e ignorando las realidades expuestas por las organizaciones de mujeres que han presentado duros y dolorosos testimonios que señalan la conveniencia de reponer los derechos perdidos bajo la política ideologizada impuesta por la dictadura.
Otro senador DC, Patricio Walker, argumentó razones personales para votar en contra y sacó a colación la ambigüedad del presidente uruguayo Tavaré Vásquez para justificar su voto, quien administra un Estado laico, y que ha optado por sus personales convicciones frente a temas de interés público general. Con ello viene a representarse que una vivencia o una convicción personal de creencias, es más importante cuando se legisla, que el interés común, principio establecido en la Constitución vigente bajo la idea de un impreciso “bien común”. “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común”, señala la Constitución actual.
En la justificación de su voto, el senador Walker vino a señalar que su visión y vivencia personal deben ser homologados para todas las personas, independiente de la peculiaridad, vivencia e historia personal de cada cual, auto-arrogándose con ello la condición de paradigma. Mucho para un senador que reclama ser parte de reclamadas posiciones progresistas y facilite que Chile siga siendo parte de un oscuro club de países donde no hay políticas de salud consistente con los derechos humanos de las mujeres.
