Los obispos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) presentaron el pasado 12 de enero su Carta Pastoral “Convocados a caminar juntos” con motivo de las próximas Elecciones Generales que se realizarán en 19 de febrero de 2017. Un documento de 17 páginas donde expresan opiniones políticas y señalan consejas fuera del ámbito específico de su labor pastoral.
Frente a ello, el director de la Academia de Historia del Ecuador, Jorge Núñez Sánchez, en la foto, publicó una opinión este viernes 27, en ElTelégrafo.com.ec, donde sale a plantear su dura crítica contra la incursión obispal.
Su columna de opinión parte haciendo un análisis del clima electoral, reconociendo que hay un alto nivel de crispamiento.
“En medio de este clima caldeado han salido a aportar lo suyo la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas. Cierto que su voz se ha expresado en palabras formalmente ponderadas, pero en su caso lo que se juzga no es que hablen con altura, sino que intervengan en una campaña electoral, lo que les está vedado legalmente.
En el manifiesto político titulado ‘Convocados a caminar juntos’, la jerarquía eclesiástica ha soltado algunas perlas que muestran su vinculación con la más rancia derecha política y económica de Ecuador. Dicen que: “El Estado tiene un valor subsidiario y no debe de sustituir la iniciativa privada”. Y agregan que: “El estatismo, el centralismo y el discurso único, son una gran tentación de poder y de control. Nadie puede suplir la libertad y la dignidad de las personas”.
Esas dos frases bastan para revelar el actual alineamiento de la jerarquía católica con los partidos de derecha y en especial con el banquero-candidato, que, como se sabe, es un alto dirigente del Opus Dei, una secta oculta que nuclea al poder económico. Por otro lado, a ello ha venido a sumarse la francamente ridícula pretensión del candidato Bucaram de entregar a las iglesias evangélicas el control político-ideológico del Estado.
Frente a los hechos relatados resulta indispensable reivindicar el carácter laico del Estado ecuatoriano, que, por mandato constitucional, es democrático, soberano y laico, esto es, que no reconoce ningún poder por encima del suyo, que se dirige por la voluntad popular expresada en las urnas, y que no ataca ni defiende religión alguna.
Es más, por mandato constitucional se ha fijado como un deber primordial del Estado el “garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico.” Por eso vemos con fastidio que la Iglesia católica siga ejercitando su antigua vocación política y, una vez más, busque intervenir en la esfera electoral, cosa que le está vedada por la ley y en especial por el Modus Vivendi celebrado entre la República de Ecuador y la Santa Sede, en julio de 1937, que dice en su artículo 4: “La Santa Sede renueva sus órdenes precisas al clero ecuatoriano a fin de que se mantenga fuera de los partidos y sea extraño a sus competiciones políticas”.
Creemos que es hora de que el Gobierno de Ecuador, en uso de sus derechos, proteste ante la Santa Sede por esta grosera violación del Modus Vivendi, que prohíbe a los curas inmiscuirse en las competiciones políticas de nuestro país”.
