Columna de Opinión
La huidiza ética en la política
Gonzalo Herrera
Hace apenas dos meses el ex primer ministro François Fillon ganaba por amplio margen las primarias presidenciales de la derecha francesa, transformándose en la gran esperanza de los sectores conservadores (liberales en lo económico e identificados con los valores tradicionales), para derrotar en la próxima elección presidencial, abril y mayo de 2017, a la ultraderechista Marine Le Pen, que lidera las encuestas. Hoy, fuertemente controvertido incluso al interior de su propio partido,
Los Republicanos, con una vertiginosa caída en su popularidad, podría verse obligado a renunciar a su calidad de candidato por una sorpresiva denuncia periodística que lo acusa de haber otorgado remuneraciones fraudulentas a su mujer e hijos, por trabajos ficticios en el sector público, durante el periodo presidencial de Nicolas Sarkozy.
Fillon, con un discurso nacionalista y sustentado en valores católicos tradicionales, había prometido la aplicación de estrictas políticas de austeridad, cercanas al estilo Thatcher, que los franceses perciben hoy como una enorme hipocresía. Habiéndose situado el ex primer ministro inicialmente en un lugar de privilegio para frenar la réplica de un gobierno como el de Trump,
Ahora es Le Pen quien ve crecer sus expectativas, considerando que la izquierda socialista no logra superar sus profundas divisiones al término del mandato de Hollande, marcado por el fracaso de su gestión y la falta de apoyo ciudadano. El importante triunfo obtenido recientemente por Benoît Hamon en la segunda vuelta de las primarias del Partido Socialista, no le abre por el momento mayores opciones de superar la primera ronda electoral del mes de abril.
Es así como una corruptela podría hacer variar todo el esquema electoral presidencial francés.
De ser cierta la acusación contra Fillon, sería ésta una más en la larga cadena de actos de corrupción que implica a políticos de alto rango en todo el mundo. Más estentóreo en Europa que en América Latina, el reproche moral de la opinión pública suele hacerse sentir frente a escándalos políticos que conmueven y vulneran la sociabilidad nacional, aunque no siempre la ciudadanía sea capaz, mediante el voto o voz de protesta, de frenar la corrupción o la falta de probidad de quienes ejercen el poder.
Como es sabido, la inmoralidad política consuetudinaria termina desgastando la capacidad fiscalizadora de los pueblos e inhibiendo la participación ciudadana, pudiendo constituir la antesala de una corrupción sistémica, como lamentablemente ocurre en algunos países en desarrollo.
La reiteración de actos corruptivos por parte de la autoridad en un régimen democrático, deja en la opinión pública la sensación de que la corrupción invade el país como metástasis, más aún cuando la población percibe el eslabonamiento de acciones ilícitas con poderosas estructuras de poder. La confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los políticos se ve así profundamente disminuida con la convicción de que “la política” no sirve a los intereses comunes, sino que, por el contrario, beneficia privilegiadamente a determinados grupos de interés privado.
La decepción crecerá verticalmente si se constata que el apoyo otorgado, a través de una ley, a un determinado proyecto económico no ha sido por identidad ideológica, dijéramos por “doctrina”, sino, ramplonamente, porque ha habido coimas o financiamiento indebido a los que diseñan y hacen las leyes.
Fenómenos persistentemente perversos de la política lo constituyen el nepotismo, el enquistamiento de las élites —de distintos colores del espectro— en funciones de gobierno o en las dirigencias partidarias, y el predominio incontrarrestable de una “aristocracia” política que perpetúa sus apellidos en las papeletas electorales, lo que obstruye la necesaria “ventilación” o renovación en los cargos de elección popular.
El empecinamiento en determinadas funciones, el enroque si es necesario, el diálogo constreñido al interior de la élite, la toma de decisiones sólo en base a las atribuciones de las que se goza, sin consideración por la prudencia y la mirada de servicio público, son formas de ejercitar el poder que cada vez colisionan con más fuerza con la demanda ciudadana de ser tomada en cuenta, de no seguir siendo un actor ausente en el proceso democrático.
Ya en el siglo XVIII, el filósofo Jean-Jacques Rousseau, sorprendía al mundo ilustrado con una concepción participativa de democracia, basada en el principio de soberanía popular, como una forma de garantizar a través de la política el predominio del interés común por sobre los intereses privados. Era la forma de contrarrestar el despotismo propio de regímenes aristócratas y monárquicos.
Platón y Aristóteles no concebían la política sin la ética. Luego, en los albores de la Modernidad, Maquiavelo, mucho más pragmático, estableció la separación entre ambas, al comprobar que, aunque las dos persiguen el mismo fin, el Bien, la realidad impone discordancias entre la práctica política y el discurso ético, relegando entonces el problema ético a un plano distinto, a la esfera individual de la moral. La estrecha relación en nuestra era de la política y la economía, teoría esta última que rehúye todo compromiso moral, es causa del predominio de las inefables leyes del mercado en las decisiones que afectan a millones de seres humanos en cada país, la mayor parte de las veces al margen de toda voluntad ciudadana.
Aun así, en los tiempos actuales, el imaginario democrático republicano concibe la democracia como algo más que una forma de gobierno en el que, en cuanto paradigma, el poder es ejercido por el pueblo, entendiéndolo también como un sistema de valores, prácticas y actitudes de convivencia basadas en convicciones cívicas, que hacen posible un proyecto inclusivo de construcción del bien común.
Cabe esperar que las nuevas generaciones de políticos, más allá de sus diferencias ideológicas, puedan desarrollar una praxis basada en nuevas formas, en las que la democracia participativa reemplace el modelo de democracia meramente representativa, nutriéndose de ambas vertientes, la política y la ética.
