Disminuye embarazo adolescente

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Una gran noticia se ha conocido, que valoramos quienes sostenemos que las políticas públicas y la acción del Estado está por sobre las observaciones de conciencia particulares y personalísimas. Una buena y correcta política pública es la que produce efectos positivos y permanentes en la vida de las personas.

Según ha informado el Ministerio de Salud chileno, se ha constatado la reducción de un 18% de los embarazos adolescentes, a partir de los datos de inscripción de nacimientos en el Registro Civil. Los embarazos de niñas menores de 19 años fueron 22.349, lo que corresponde a 4998 embarazos menos que el año anterior.

Esta disminución corresponde a una política de educación sexual y al acceso a preservativos y otros medios para evitar embarazos, que ha desarrollado el Estado, a través del sistema de salud.

Los efectos no dejan de ser importantes, sobre todo si consideramos que bajo políticas públicas más conservadoras, los embarazos adolescentes mostraban índices mucho más altos. En 2013, por ejemplo, sumaron 33.292 casos. Recordemos que los embarazos adolescentes hace quince años o más superaban los 40.000 casos y que hace apenas 20 años las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (Jocas), fueron vapuleadas por una mirada confesional predominante en la clase política, las que, entre otros objetivos apuntaban a impedir el embarazo adolescente.

Sin embargo, aún hay tarea por hacer. La cifra positiva del 2016, se desglosa en 678 embarazos de niñas menores de 14 años, 8.347 en niñas de 15 a 17 años, y 13.324 entre muchachas de 18 y 19 años. Sabemos que ello se expresa dramáticamente en hogares de menores ingresos y menores accesos socio-económicos, lo cual indica que el Estado debe acentuar su acción de educación sexual y distribución de medios de protección contra la fertilización indeseada en aquellos sectores sociales más vulnerables.

Esta buena y correcta política se suma como positivo logro, a la vacunación contra el papiloma humano y al proyecto de aborto por tres causales, que aseguran políticas de derechos sexuales inalienables y accesos seguros a oportunidades de salud pública libres de conculcaciones de conciencia. 

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