El arzobispado de ciudad de México, ha emprendido un violento ataque contra la institucionalidad política, que aún conserva su esencia, pese a las reformas que han realizado los gobiernos proclives al confesionalismo, en las últimas décadas. Esto ha ocurrido, a través de un editorial publicado en el semanario “Desde la Fe”, según dan cuenta diversos medios, entre ellos Hoylosangeles.com, donde la archidiócesis recordó que hace 25 años se modificaron varios artículos de la Constitución con el objetivo de «modernizar» la relación con la Iglesia.
Desde luego, claramente “revisar y modernizar” no es un tema para la Iglesia Católica mexicana que se refiera a la libertad religiosa, sino que se refiere a su situación de hegemonía religiosa, limitada por las vigentes leyes y mandatos constitucionales que garantizan el trato igualitario a las diversas confesiones, a partir de la prescindencia del Estado de tener una religión oficial o extra-oficial.
Así, el arzobispado mexicano criticó hoy el favorecimiento del laicismo en México y denunció que se vulneran los derechos humanos de los clérigos, por lo que exigió una revisión de la ley de libertad religiosa y un redefinición de la relación Estado-Iglesia Católica.
«México concibe una realidad plural y distinta, que obliga a una revaloración de las relaciones Estado-Iglesia y la legislación correspondiente para que sean afines al nuevo marco legal del respeto a los derechos humanos como condición necesaria de la democracia», indicó la Arquidiócesis de la Ciudad de México.
Se configuró, dice recordando esas “modernizaciones”, un nuevo ordenamiento legal «para regular el culto público, además de otorgar personalidad jurídica a las asociaciones religiosas, en reconocimiento de su existencia negada desde 1917». No obstante – señala -, cinco lustros después México parece «quedar a la saga en materia de libertad religiosa», a pesar de recientes reformas.
«En junio de 2011, la Constitución sufrió reformas de gran calado que modificaron el régimen de garantías individuales para reconocer los derechos humanos», explicó el escrito. En base a esto, la Iglesia exigió una «revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas, que parece anquilosada».
Siguiendo lo informado por Hoylosangeles.com, considera el arzobispado que constitucionalmente hay «preceptos» que atentan sobre los derechos humanos y son «incompatibles» con la «moderna laicidad». El artículo 130, inciso e) de la Constitución – aseguró el texto – somete a los ministros de culto «para ponerlos en una condición infame y lesiva al prohibir su legítimo derecho de asociación».
Ello es «absurdo» y un «fruto podrido» del laicismo, que considera «justo» privar de opinión a los ministros de culto, vulnerando así sus derechos humanos. «Otro elemento nocivo del apolillado laicismo es la negación de la objeción de conciencia», pues obliga a que nadie pueda oponerse a las leyes del país aunque vayan en contra de sus principios, denunció.
«En este laicismo, México vive una condición hipócrita al atentar contra el justo derecho de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas», continuó la Iglesia.
Por último, dice Hoylosangeles.com, el arzobispado denunció que se defienda la «ideología de género» en las aulas, y que el «lobby gay» pretenda introducir en los colegios «ideas nocivas”.
El periódico Razon.com.mx, en tanto, consideró en su crónica, que “La Iglesia católica mexicana criticó las reformas realizadas a la Constitución en 1992 para delimitar la incidencia de las instituciones religiosas en la vida política del país, por lo que ahora sus representantes exigieron el establecimiento de derechos políticos, de representación pública y de contratación de espacios en medios de comunicación.
El medio Infocatólica.com destaca otro aspecto, citando el siguiente texto, que señala la pretensión de financiamiento del Estado para la Iglesia Católica, para uno de los episcopados más ricos del mundo: “La legislación internacional ha reconocido a la cultura como parte del desarrollo individual y colectivo, y nuestro patrimonio religioso es de los más ricos del mundo; sin embargo, en México hay gran peligro de destrucción de templos y lugares históricos arrasados por el paso del tiempo y la mezquindad de funcionarios incapaces de aplicar los recursos necesarios para salvar esta riqueza cultural. Mientras el presupuesto se dilapida en fiestas y gastos burocráticos inútiles, las iglesias deben mendigar lo que justamente les corresponde para sostener los inmuebles propiedad de todos los mexicanos (sic)”.
