A través del periódico español ElPaís.com, se ha podido constatar la aplicación de las innovadoras políticas discriminatorias y persecutorias contra los derechos de conciencia y la libertad religiosa, que está aplicando el nuevo gobierno norteamericano, dominado por prejuicios religiosos y el conservadurismo religioso de denominaciones cristianas.
Contra la tradición secular y libertaria de Estados Unidos, heredada de los padres fundadores de ese país, y de la doctrina que impusiera la Primera Enmienda, el ingreso a Estados Unidos se encuentra gravemente afectado por discriminaciones y prejuicios religiosos, lo que incluso puede afectar o someter a sospechas a ciudadanos de ese país.
Es lo que evidencia la información de ese periódico, frente a la situación que afectara al hijo del más destacado boxeador de todos los tiempos, Muhammad Alí (cuyo nombre original era Cassius Clay). El campeón de los pesos pesados cambió su nombre después de adoptar la religión musulmana y ello le significó tomar decisiones de conciencia determinantes, al punto de oponerse a ser enrolado para ir a la Guerra de Vietnam, debido a su comprensión pacifista del Islam.
Muhammad Alí Junior, de 44 años, y su madre Khalilah Camacho Ali, de 66, regresaban de un viaje de Jamaica, hace poco más de un mes, cuando fueron retenidos en un aeropuerto de Florida por sus nombres musulmanes, y llevados a interrogatorios por funcionarios de control migratorio.
Llegaban de vuelta de Jamaica, dice el periódico, donde ella había estado dando una conferencia con motivo del Mes de la Historia Negra. Los dos iban en silla de ruedas, contó Khalilah, pues ambos tienen dificultades de movilidad.
Debido a sus nombres de “sospechoso alcance musulmán”, fueron sometidos a interrogatorios que condicionaban su reingreso al país, y solo pudieron hacerlo después de evidenciar su calidad de ciudadanos norteamericanos.
Este jueves Ali Jr. y su madre participaron en el Capitolio en Washington en un foro organizado por congresistas demócratas sobre el llamado veto musulmán.
Sin duda, a pesar del fracasado primer decreto de Trump, contra la migración de refugiados, es evidente que los prejuicios que puedan experimentar los funcionarios contra las personas, por razones religiosas o por sus formas de vestir o sus nombres, están violando no solo los principios fundacionales de ese país, sino los derechos de los propios ciudadanos norteamericanos, que no se identifican con las religiones validadas por el gobierno federal.
Nada han dicho de tales conductas los líderes religiosos de las confesiones que hicieron plegarias en la ceremonia de asunción de Trump, cuya reclamación de las libertades religiosas se vuelven patéticas, cuando se oponen a políticas seculares precisamente para garantizar los derechos religiosos de todos.
Para el laicismo, lease tambipén secularismo, la libertad de religiosa es parte de las libertades de conciencia, y nadie puede ser objetado o discriminado por sus opciones religiosas, y el Estado debe garantizar los derechos de los que creen y los que no creen, y tratarlos de igual manera, en coherencia con los derechos humanos proclamados universalmente.
