Recordando que, en los orígenes del Estado nacional argentino, sus ideólogos quisieron imprimir una orientación laica, LaNacion.com.ar (13/04/17), puso en evidencia que hay un debate que comienza sobre la relación del Estado y los cultos en ese país. Sin embargo, debieron aceptar las limitaciones que imponía la tradición religiosa.
La Constitución de 1853, recuerda el periódico, expresó esa tensión: sancionó la libertad de cultos, pero también estableció que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». La reciente erogación de fondos para la restauración de templos reavivó el debate sobre hasta qué punto los ciudadanos deben, a través del pago de sus impuestos, colaborar con las instituciones eclesiásticas.
Según Analía Mas, de la Coalición por un Estado Laico, dice el periódico, «en momentos de recortes presupuestarios en ciencia, salud y educación y aumento de tarifas resulta obsceno el sostenimiento de los privilegios desmedidos que se otorgan a la Iglesia Católica y que se podrían distribuir para el bien de toda la población». Recordó que la Legislatura porteña ya cedió en 2015 a la Iglesia 15 terrenos fiscales valuados en US$ 30 millones.
Esa organización laicista, en enero pasado, denunció proyecto de “libertad religiosa”, que propondría el gobierno de Macri, sobre la base que significarían un retroceso jurídico en materia de igualdad y libertad de conciencia. De la misma forma, manifestó que el costo del erario público en beneficio de la Iglesia Católica es de más de $10 mil millones anuales, y que el camino hacia la igualdad y libertad religiosa sería la eliminación de estas prerrogativas que existen en detrimento de toda la ciudadanía.
En tanto, María Rachid, del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, planteó en la nota de La Nación, que «la República Argentina es laica, por lo que el gobierno porteño debería tomar una posición neutral, permaneciendo separadas las cuestiones de Estado de las clericales. Los privilegios otorgados a la Iglesia Católica resultan contrarios a los principios de igualdad y no discriminación y violan la laicidad estatal».
