Amnistía Internacional contra proyecto de Macri

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marielabelski

marielabelskiAmnistía Internacional (AI) ha enviado una carta al presidente deArgentina, Mauricio Macri, solicitando revisar el proyecto de ley de libertad religiosa enviado al Congreso Nacional, por entender que lesiona derechos y debilita al Estado laico, informó la entidad humanitaria enBuenos Aires (28/06/17). La iniciativa del gobierno argentino fue presentada al parlamento el 12 de junio.

Amnistía Internacional, según ElObservador.com.uy, expresó en un comunicado que el texto «echa por tierra derechos constitucionalmente protegidos», y denuncia que el proyecto de ley«solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea ‘sincera’ presumiendo la ‘buena fe’ del objetor de conciencia».

La carta firmada por Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistpia Argentina, la entidad advirtió que el proyecto «lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público»

«¿Cómo se traduce esto en la práctica?: Un docente podría negarse a impartir una clase sobre la ‘teoría de la evolución’ por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando derechos a la educación», afirmó Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sostiene que el proyecto legal  «pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión».

Otro caso mencionado: «Un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas». Según Amnistía Internacional, el seguro social «podría negarse a proveeranticonceptivosaun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos».

La organización promotora de los derechos humanos reafirmó su postura de «promover y defender el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», y aseguró que la libertad religiosa «ya se encuentra garantizada» en la Constitución y no se requiere otra norma en ese sentido.

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