Sin eufemismos: ¡horrores y no errores!
Gonzalo Herrera
Quienes hayan visto antenoche el programa de Chilevisión Tolerancia Cero y escuchado las denuncias del diputado René Saffirio probablemente no hayan dormido bien. La dantesca descripción de los abusos y maltratos a que son sometidos las niñas, niños y adolescentes en los hogares que los acogen, supuestamente “bajo la protección del Estado”, pone en serio entredicho la competencia e integridad de la estructura diseñada por ley 2.465 para el cuidado de menores, abandonados por sus familias o hijos de mujeres, normalmente adolescentes, que carecen de los recursos o condiciones psíquicas o físicas para criarlos.
Lo más indignante, sin embargo, es que los estremecedores detalles que salen a la luz pública a partir del informe de la Comisión Investigadora Sename II de la Cámara de Diputados, imputando de «negligencia inexcusable» a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco y que fuera rechazado en la Sala después de un intenso lobby por parte del Ejecutivo, han venido ocultándose por años, bajo distintos gobiernos, a fin de proteger a altos funcionarios en sus cargos, sin que tuvieran que comparecer ante los tribunales para dar cuenta por la responsabilidad que pudiere caberles en los focos de corrupción.
Ya en 2013, una investigación realizada por el Poder Judicial y la Unicef entregaba antecedentes de vulneraciones inconcebibles ocurridas en distintos hogares de “colaboradores” privados del sistema; redes de explotación sexual regentadas por las mismas guardadoras, monjas que mantenían a niños dopados, sin supervisión médica, para tranquilizarlos, la pertinacia del abuso sexual, casi siempre por parte de internos mayores. Hoy nos enteramos de una cifra aterradora: 1.313 niños, niñas y jóvenes fallecidos en dependencias del servicio entre 2005 y 2016, cantidad velada, manipulada, disimulada hasta el final por el Sename, que llegó al infame recurso de enmascarar en sus informes los muertos como “egresados” del sistema.
Pero las denuncias del diputado Saffirio no pararon allí. La nula voluntad de distintos gobiernos, que sí contaban con la evidencia suficiente como para haber intentado consensuar una nueva fórmula en el sistema de protección y responsabilidad penal juvenil, se explicaría por los significativos recursos que se destinan para subvencionar la red de colaboradores acreditados y su ineficaz fiscalización. De esta manera, al amparo de la ley, al igual como ocurriera con la educación privada, se formaron lucrativos negocios bajo la figura de “fundaciones”, la mayoría dirigida por conocidos personeros políticos o familiares de estos, en una práctica de nepotismo tal vez más despreciable que el cohecho denunciado en años anteriores, porque se ha estado despojando de recursos vitales a las personas más indefensas de la sociedad.
De esta manera, la acusación de Saffirio, que por el bien del país debiera resolverse en tribunales, establece una abyecta connivencia entre partidos políticos e instituciones colaboradoras, dirigidas en muchos casos por miembros de aquellos mismos partidos, incluso excolaboradores de gobiernos recientes.
La opinión pública no debe aceptar la vieja triquiñuela de quienes se vean en entredicho a raíz de esta denuncia, de pretender descalificar la petición de investigar a fondo como motivada por razones políticas o electorales. Ni menos el vacuo intento de empatar la gravedad de la trasgresión de los derechos de los niños, emanados de la Convención de Derechos del Niño(a), ratificado por el Estado de Chile en 1991, con el atropello masivo a los derechos humanos durante la dictadura. Las condiciones de vulneración de los derechos en ambos casos son completamente diferentes, aunque ambas merecen el mismo calificativo: horroroso.
