En el medio es.catholic.net se explica que el sigilo sacramental es, en la Iglesia Católica, la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Dice ese medio: «El derecho natural lo supone y es de derecho divino, sin que la Iglesia tenga facultad para dispensar de él, ni aun muerto el penitente. Su inviolabilidad es tal, que en ningún caso imaginable, ni daño gravísimo que sobrevenga al confesor ni a toda la humanidad, podría infringirse, ni de palabra, ni por escrito, ni por señal, ni por reticencias. Ni el mismo confesor podría confesar su pecado revelando la confesión recibida y de no haber otro medio, no estaría obligado a la integridad material de su propia confesión».
Dicha obligación comprende en primer término al confesor y después a todos aquellos que de algún modo se enterasen de la confesión, lícita o ilícitamente, ya oyéndola, ya leyendo apuntes de los pecados en orden a la confesión, ya sirviendo de intérprete y, si son varios, no pueden hablar de ello entre sí. De ser violado, el sacerdote queda automáticamente excomulgada, señala dicho medio.
Esta norma religiosa entrará en colisión con la ley australiana, si se sigue la recomendación de la comisión de ese país, que investiga el abuso sexual de menores en instituciones religiosas y públicas ocurridas en su territorio, la cual recomendó este lunes una reforma del sistema penal, que incluye cambios legales para que se puedan denunciar casos revelados en confesión.
El informe de esa comisión, señala ElPaís.com (15/08/17), propone que se impongan sanciones penales contra aquellos que no denuncien un caso de abuso sexual, incluyendo a los que reciben la información durante la confesión religiosa. La Comisión Real — el tipo de órgano de investigación más importante que puede encargar el Gobierno en Australia — comenzó sus pesquisas en 2012. Según sus cálculos, un 7% de los sacerdotes católicos que trabajaron entre 1950 y 2010 en el país fueron acusados de abusos sexuales.
La Comisión Real propone que no se debe otorgar “ninguna excusa, protección o privilegio” a los sacerdotes que no alerten a la Policía de los delitos cometidos y revelados en confesión, por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión religiosa y no fue puesta en conocimiento de las autoridades. “La Comisión Real ha oído de casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón”, añade el documento.
La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo hermanos legos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920. A principios de año, varios arzobispos australianos admitieron que la respuesta de la Iglesia Católica del país ante los casos de pederastia había sido equivocada y lindó con la “negligencia criminal”. Uno de los que debió declarar fue George Pell (en la foto).
No solo la Iglesia Católica ha sido objeto de denuncias, sino que 1.100 personas acusaron a miembros de la Iglesia Anglicana de haber abusado sexualmente de menores durante un período de 35 años.
Según la Comisión, entre julio de 2012 y junio de 2015, los tribunales de Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sidney, abordaron unos 2.604 casos de abusos sexuales, de los que en un 40% quedaron absueltos los supuestos agresores.
