La ex ministra de Salud y actual vicedecana de Investigación y Desarrollo de la U. de Santiago, Helia Molina, declaró a La Tercera.com (02/09/17), que, sobre la actual discusión por la ampliación del Tribunal Constitucional (TC) de la objeción de conciencia a las instituciones, se deberá evaluar el caso de hospitales y clínicas privadas que reciben recursos públicos y que se niegan a aplicar una política estatal.
La profesional participó de la génesis de la ley sobre interrupción del embarazo. En diciembre de 2014 dejó su cargo luego de decir que “en todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”.
Tras la promulgación de la norma, Molina dice no arrepentirse de sus palabras. “Mis palabras facilitaron la discusión. Tenemos temas tabú como el sexo o la educación sexual en colegios, que varios gobiernos han tratado de instalar, y no se ha podido porque siempre hay una objeción tremenda. No me arrepiento para nada, al contrario, me siento orgullosa”.
Sobre la ampliación de la objeción de conciencia a instituciones, expresó. “Cuando escribimos el proyecto, la objeción era una opción individual. Nunca pensamos que fuera para todo el equipo y, por lo mismo, no nos parecía que se tuviera que ampliar, y eso aún lo pienso así. Si el tribunal lo consideró, yo lo acepto, pero no lo comparto. Entiendo la posición de la Iglesia Católica y la respeto. Sin embargo, no me parece que en un Estado laico como el nuestro, donde la separación de la Iglesia con el Estado fue hace muchos años, se imponga a toda la sociedad principios que no corresponden a las creencias de todos”
“El peor escenario era que nos hubieran dicho que era inconstitucional, ya que el fundamento principal de la presentación de Chile Vamos al TC fueron las tres causales. Que se haya declarado su constitucionalidad y que es un derecho es una buena decisión para el país y un avance en el reconocimiento de valores y derechos. Hubiese quedado mejor si la objeción de conciencia era solo individual. Igual, al final de cuentas, ningún gobierno, con TC o sin TC, va a obligar a que la UC, si dice que en sus establecimientos no se harán abortos, se hagan. Lo importante es que como ahí se atienden pacientes del sistema público y se traspasa mucha plata de Fonasa, se busquen los mecanismos necesarios para que no exista perjuicio a las personas ni vulneración de sus derechos. Claramente, se complejiza el escenario con lo institucional, pero si se hace bien podría no ser un desmedro para este logro”.
En torno a la decisión de cinco instituciones, entre ellas la UC y el Hospital Parroquial de San Bernardo, que no harán aborto según indica la ley, afirmó: “ Están en su derecho, pero hay clínicas privadas que por último no trabajan con platas del Estado, pero el Parroquial sí lo hace y la UC también. El 80% de la población se atiende por Fonasa o está en el sistema público de salud, por lo tanto me preocupan ellos. Creo que es un tema que hay que evaluar porque es el doble estándar que en Chile siempre ha existido, que es una cosa que está en el ADN de nuestra sociedad, de decir una cosa y hacer otra. Y eso también se ve reflejado hoy en las declaraciones de muchos. Me acuerdo desde chica que la gente de clase media, alta, los más pobres, acudían al aborto y a hacerse remedios. Era una época compleja y no había políticas de planificación familiar ni anticonceptivos, pero aun así, en ese momento personas de todos los niveles y de todas las religiones y creencias usaron el aborto. Con el divorcio pasó lo mismo, hasta mi padre se anuló, y cuando discutimos la Ley de Divorcio tuvimos una oposición muy fuerte”.
“El hospital de la UC probablemente no hace abortos; sí lo que no entiendo es que por un lado quieras ser público y por el otro no les quieras hacer caso a las políticas públicas. Eso es lo que yo no comparto. Que la UC tenga una posición está bien, pero lo injusto es que esa objeción vaya en contra de políticas que son financiadas y de recursos del gobierno y derechos de las personas”.
