Por Sylvie R. Moulin
El proyecto de ley 62 sobre la neutralidad religiosa del Estado ha sido aprobado la semana pasada por la Asamblea Nacional de Quebec, después de dos años de debate. Entre otras cosas, el texto prevé que los servicios públicos sean dispensados y recibidos con la cara descubierta, e instaura el principio de “neutralidad religiosa” del Estado quebequense. Los empleados públicos no tendrán prohibido usar signos religiosos en sus puestos de trabajo, sino que tendrán que estar con el rostro descubierto por razones de seguridad y de comunicación. La misma obligación se aplicará a cualquier persona recibiendo servicios públicos, por ejemplo, alguien viajando por autobús o acudiendo a un hospital, administración o colegio.
La ley contempla también la posibilidad de solicitar acomodaciones en virtud de la Carta de derechos y libertades, las cuales serán examinadas individualmente. Su aplicación, prevista antes del 1 de julio del próximo año, afectará tanto a las municipalidades y las comisiones escolares como a los organismos gubernamentales.
Recordemos que la polémica se había vuelto más tensa después del tiroteo en el Centro cultural islámico de Quebec, considerado como la gran mezquita de la capital, el 29 de enero pasado, cuando los fieles estaban reunidos para la última oración de la tarde. El atentado, reivindicado por Alexandre Bissonnette, estudiante de antropología, de 27 años, conocido por sus opiniones de ultraderecha, sus ideas xenofóbicas y su apoyo a Donald Trump y Marine Le Pen en las redes sociales, había resultado en 6 muertos, entre los cuales hubo un profesor de la Universidad Laval, y 19 heridos.
Es necesario subrayar que el texto de ley que se acaba de adoptar se refiere a la “neutralidad” del Estado y no a la “laicidad”, formulación que la oposición define como “ambigua”, expresando su miedo a que tal proyecto haga retroceder y no progresar Quebec al nivel de la laicidad. Tampoco afectará elementos simbólicos del patrimonio cultural del país, como el crucifijo en la Asamblea Nacional, considerado como parte del patrimonio. En general, la nueva ley sigue provocando controversia por su falta de referencia clara a la laicidad, tema muy sensible en esta provincia, donde los movimientos de ultraderecha se alzan permanentemente contra el aumento de inmigrantes que llegan de EE. UU.
La ministra de Justicia al origen de la ley, Stéphanie Vallée, está consciente de sus dificultades de aplicación, pero asegura que está previsto un plan de formación para todo el personal de los organismos involucrados. Uno de los aspectos más complejos, sin lugar a duda, consistirá en exigir que las usuarias de los transportes públicos se desvelen el rostro mientras están utilizando el servicio. De todos modos, el gobierno actual no tendrá que enfrentarse con la aplicación de la ley, ya que ésta ocurrirá después de las próximas elecciones.
