Redacción Iniciativa Laicista
Argumentando como “insostenible” su continuidad en el Ministerio Público, dos de los más emblemáticos persecutores en contra de los inculpados por los casos de corrupción que estremecieron al país del año 2014 en adelante, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena presentaron su renuncia en desacuerdo con “la actitud” que ha asumido la Fiscalía de Alta Complejidad, específicamente en las causas Penta, SQM y Corpesca. La gota que rebasó el vaso fue el arreglo —“salida alternativa” es la expresión utilizada— ofrecido al senador UDI Iván Moreira, que podría salir sin un rasguño, sólo pagando una multa de $ 35 millones, con la suspensión del proceso que se le sigue por emisión de boletas falsas en el caso Penta.
Moreira había sido desaforado por la Corte Suprema recién en noviembre del año pasado, lo que daba luz verde a su formalización y posible acusación. El desafuero suspendía su trabajo senatorial, pero no lo obligaba a renunciar a su dieta parlamentaria. El ahora exfiscal Norambuena lamentó que esa fuerte señal del más alto tribunal del país terminara ahora en esta salida ofrecida por el fiscal Manuel Guerra, al parecer con la venia del Fiscal Nacional Jorge Abott, el que ha mostrado mucho mayor rotundidad con los imputados por violencia de origen mapuche que ante los poderosos personajes, políticos y altos empresarios, que han debido desfilar por los tribunales como consecuencia de los casos Cascadas, Penta y Soquimich.
Soquimich ha estado también en la noticia a raíz de otro “acuerdo” que ha provocado el rechazo de los entendidos. Una antigua disputa por irregularidades de la minera propiedad de Ponce Lerou —caracterizada por su larga política corruptora en el país, que le ha reportado multimillonarias prebendas incluso después del fin de la dictadura— con la Corfo, diferendo que tenía como árbitro, increíble, al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, se dirimió con la modificación de los contratos de arriendo, extendiendo hasta el año 2030 la licencia de la minera con lo cual podría llevar la extracción de litio a cifras record. El diputado comunista Daniel Núñez opinó que, con este acuerdo, quedan sepultadas las posibilidades de que el país explote en forma soberana esta enorme riqueza, reservando el recurso para agregar valor dentro de las fronteras, fundamental para las baterías de dispositivos digitales y para almacenar la energía generada por sistemas eólicos y fotovoltaicos.
Ambos hechos señalados nos traen de vueltas los fantasmas de corrupción de años anteriores. Lamentablemente nuestra institucionalidad otorga pocas posibilidades de fiscalización a acuerdos que se manejan a muy alto nivel. Sólo una ciudadanía alerta e informada podrá exigir respuestas coherentes a estas interrogantes de parte de las autoridades.
