SECULARIZACIÓN Y FUNDAMENTALISMO
Por Gonzalo Herrera
Recientemente un amigo me preguntaba si sentía alguna alegría por el error de cálculo del papa Francisco, que diseñó su visita al país con carácter “pastoral”, pensando que su presencia atenuaría en algún grado la crisis de la iglesia chilena, y la drástica caída que viene experimentando en la adhesión de sus fieles. Todo lo contrario a lo que efectivamente ocurrió con la estadía del pontífice, marcada por reducidas asistencias a eventos que se esperaba serían masivos, y por un aire enrarecido de cuestionamientos, decepción, rabia o vergüenza ajena en la opinión pública después de su partida.
Si la intención de la pregunta era saber si “me alegraba” por lo que parece ser un proceso irreversible de decrecimiento de una institución que, desde el comienzo de la república, se ha arrogado la conducción espiritual de la sociedad chilena, interfiriendo en todo momento la promulgación de leyes y políticas públicas que considera ajenas a su ortodoxia, la respuesta honesta es que sí parece positivo una mayor secularización de nuestra sociedad, proceso inherente por lo demás a la modernización en el mundo occidental, que ha permitido una progresiva identificación de los Estados con los principios laicistas.
La respuesta en cambio es no, si se piensa que un laicista deba alegrarse por el desgaste de una institución religiosa por el solo hecho de serlo. Hay laicistas creyentes del mismo modo que los hay ateos y agnósticos, y estos tienen el legítimo derecho de aspirar a un mundo sin religión. Sin embargo el laicismo no es antirreligioso, o no tiene por qué serlo, no desdeña al que profesa una fe de acuerdo a su propia conciencia, porque el laicismo defiende la libertad de religión; lo que sí rechaza es la intromisión de la Iglesia en las instituciones públicas, es contrario a la “religión autoritaria” como la llamaba Francisco Bilbao en el siglo XIX, convencida de su propia infalibilidad.
En un país que va en franco proceso de secularización, donde las leyes de carácter valórico que han copado la agenda pública —despenalización del aborto en tres causales, matrimonio igualitario e identidad de género— han estado empujadas por crecientes grupos sociales, con la aceptación de la opinión pública en general, y en el que la Iglesia católica, junto a la evangélica, fueron las principales opositoras, no era tan esperable que multitudes salieran entusiasmadas a escuchar al papa, como ocurriera con Juan Pablo II hace 30 años atrás.
La independencia mostrada ahora por amplios sectores de ciudadanos que históricamente se han definido católicos, obedece también al promedio de educación que exhiben en la actualidad los chilenos. Las estadísticas demuestran que en América Latina el catolicismo es mayor en la medida que disminuye la educación, con la excepción que imponen determinados movimientos religiosos dentro del catolicismo conservador, que otorgan identidad a los círculos más exclusivos de la clase dominante, como son Opus Dei, Legionarios de Cristo y ahora el Sodalicio.
Efectivamente, una mirada más certera sobre los fenómenos que afectan la sociedad tiene más posibilidades de surgir en la medida que exista en los individuos mayor autonomía de juicio y que no se subordine la moral a las pautas de una religión determinada. La simple observación de nuestro proceso histórico, y de cómo los sucesivos gobiernos han estado expuestos a la injerencia clerical, permite comprender cómo la Iglesia ha identificado siempre el concepto de Autoridad con el de Poder. Deslizándose por el cómodo tobogán de una doctrina validada culturalmente por la élite, mediante el expediente de “administrar” los dogmas morales sobre un pueblo que no cuestionaba la imposición de la “no razón”, no reparó en que llegaría el momento en que surgiría la conciencia entre los fieles de la dicotomía entre las exigencias de la Iglesia respecto a determinados comportamientos valóricos a los miembros de la sociedad —la Iglesia nunca ha restringido sus imposiciones sólo a los creyentes— y los escándalos relacionados con abusos sexuales a menores, homosexualidad, violaciones a monjas, etc. cometidos en los claustros religiosos, para no mencionar los delitos financieros del Vaticano.
Al caer la credibilidad sobre las posturas éticas de la Iglesia Católica, la jerarquía guarda silencio sobre la protección que concede a curas y monjas pedófilos, se parapeta en un fundamentalismo irracional que desconoce toda realidad social, que no comprende al ser humano y las tensiones de la modernidad, y vuelve a apelar a “la moralidad” que deben observar los ciudadanos, acorde a los principios de un catolicismo conservador y retrógrado.
