Por Ricardo Valverde Sánchez
En vísperas de la segunda ronda electoral en Costa Rica, escribo estas breves reflexiones sobre un proceso electoral inédito y atípico en la historia republicana y democrática de mi país, probablemente con el desenlace electoral conocido en el momento de que este relato sea publicado.
Por primera vez en la historia, los otrora “partidos tradicionales”, el partido liberación nacional (PLN, socialdemócrata) y el partido unidad social cristiana (PUSC, socialcristiano) que se alternaron el poder con formato “bipartidista” por espacio de 60 años posterior a la fundación de la segunda república en 1949, fueron completamente desplazados en esta contienda electoral por agrupaciones políticas que podríamos denominar como “emergentes”. Ninguno de los dos alcanzó siquiera la segunda ronda presidencial, situación experimentada por tercera vez en los comicios modernos. Lo concreto, con el ahora partido oficialista (Partido Acción Ciudadana, socialdemócrata, una “escisión” del PLN surgida en 2002) se alcanzó una ruptura formal del bipartidismo con su llegada al poder en 2014, abriendo paso a una configuración política que podríamos catalogar de pluripartidista, evidenciada desde inicios de milenio en la fragmentación partidaria de la Asamblea Legislativa. El recorrido histórico/político que llevó a esta coyuntura particular amerita ser discutido y analizado en otro escrito.
El proceso electoral que nos ocupa, y la naturaleza de la contienda política ha sido claramente atípica e impredecible. Previo al comunicado formal del gobierno de la república de la opinión consultiva favorable al matrimonio igualitario en enero de 2018, con un partido oficialista desacreditado por casos de corrupción, el Partido Integración Nacional (PIN) encabezado por su candidato Juan Diego Castro se colocó a la cabeza de las encuestas en preferencia electoral invocando un discurso confrontativo, a menudo incendiario, de combate frontal y sin cuartel en contra de la corrupción. El segundo lugar lo disputaban los tradicionales y también cuestionados PUSC y PLN, el primero en proceso de reconstrucción luego de los sonados casos de corrupción de dos de sus expresidentes, y el segundo, con una maquinaria electoral construida desde 1949, que preside la mayoría de las 82 alcaldías municipales que comprenden el país . Bajo cualquier escenario pronosticado, la segunda ronda electoral en Costa Rica se vislumbraba como inevitable.
El panorama cambió drásticamente por dos motivos principales:
- a) la comunicación por parte del gobierno de la república de la opinión consultiva vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el matrimonio igualitario.
- b) la exigencia del candidato del oficialista PAC, Carlos Alvarado, a permitirle participar de los debates presidenciales televisados y de radio, a pesar de que aparecía muy bajo en la intención de voto.
Estas dos situaciones propiciaron un giro drástico tanto en la intención de voto como en el tema de discusión más apremiante, polarizando al país de tal modo que el tema “principal” fue la pertinencia o no de que las personas del mismo sexo se casaran. Al margen quedaron todos los demás y muy graves problemas para los que los partidos en contienda formularon sus propuestas. El tema del matrimonio igualitario secuestró la agenda política y polarizó a la sociedad.
Las derivaciones del matrimonio igualitario fueron trasladas a otros ámbitos, crispando aún más la efervescencia electoral: legalización del aborto, “la agenda LGTBI”, la “ideología de género”, la pertinencia del estado laico y una campaña maníquea sobre estos temas. Como podrá suponer el lector, esto derivó en una invasión de lo religioso en el ámbito político de manera inédita en la historia electoral moderna de Costa Rica. En una entrega previa para “Iniciativa Laicista”, brindé cobertura a la “Marcha por la Laicidad en Costa Rica”. Este proceso electoral, donde hemos atestiguado la alianza entre la conferencia episcopal y las iglesias evangélicas, despeja cualquier incógnita de hasta dónde llega el poder religioso y su trasgresión dentro del ámbito político costarricense., fenómeno político/religioso también experimentado en otros países latinoamericanos
Dicho lo anterior, el partido Renovación Nacional (evangélico) encabezado por su candidato Fabricio Alvarado, entonces diputado en ejercicio, muy rezagado en la intención de voto hasta la publicación de la opinión consultiva de la CIDH, se disparó en las encuestas con una narrativa confrontativa hacia el fallo de la CIDH, desplazando a las demás opciones políticas a un segundo plano, aunque sin el caudal suficiente para ganar la presidencia en primera ronda. El otro lado de la moneda lo representó el oficialista PAC, que vio su caudal crecer en esta elección al punto de alcanzar un insospechado segundo lugar, tanto por la mayor “visibilización” de su candidato en los debates televisivos y radiales, como también a modo de respuesta ciudadana que se decantó por esta opción “progresista” ante el auge del “shock religioso” en estas elecciones. En este sentido, un amplio sector del electorado separó a Carlos Alvarado de la situación vivida en su partido por los recientes casos de corrupción, y lo seleccionó como la segunda opción electoral más votada.
Esta campaña, despojándome de cualquier pose de objetividad y al margen de lo que el “imaginario democrático costarricense” este dispuesto a admitir o conceder, la podemos catalogar como la campaña del discurso excluyente contra una minoría por sus derechos adquiridos en la jurisprudencia internacional, y la exacerbación e incitación de sentimientos de rechazo hacia la población LGTBI con un discurso “redentor” invocando el conservadurismo religioso como “estandarte”, reitero, como nunca antes se había atestiguado en la historia democrática reciente del país. Nunca antes una agrupación política empleó el “discurso de las mayorías con tradiciones judeocristianas” por sobre la supuesta “imposición de las minorías” para posicionarse en las preferencias del electorado. Repito, todos los demás temas de campaña, fueron opacados por el posicionamiento del matrimonio igualitario en la mente del electorado. Una mezcla explosiva y claramente inconveniente para un régimen que se precia de “democrático” y respetuoso de las libertades democráticas de individuos y colectividades. La construcción de la laicidad en Costa Rica, en caso de ganar Restauración Nacional el primero de abril próximo, se vislumbra más lejana que nunca y representa un retroceso en materia de igualdad de derechos y libertades democráticas y civiles al segregar discursivamente a la ciudadanía entre “mayorías y minorías” empleando una “ética cristiana” como parámetro de segregación.
