EL PODER OSCURO TRAS LAS GRANDES DECISIONES EN CHILE
Por Gonzalo Herrera
Soquimich es la empresa chilena más parecida a Odebrecht, la constructora brasileña transformada en máquina corruptora de políticos, incluyendo a presidentes y ministros de Estado, con sobornos comprobados en más de doce países latinoamericanos.
En el año 2015, el Servicio de Impuestos Internos (SII), ya había denunciado ante la Fiscalía a los directivos de la firma minera Soquimich, controlada por Julio Ponce Lerou —el exyerno del dictador Pinochet, que se hizo inmensamente rico después que se apropiara de la que fuera una empresa estatal—, de haber entregado dineros de manera ilegal a numerosos políticos, parlamentarios y familiares de estos, y a funcionarios públicos del más alto nivel, a lo menos bajo las primeras administraciones de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera. Ante una situación de tan alta gravedad, sin que Ponce Lerou pudiera explicar el origen de los dineros con que efectuaba las coimas, debió renunciar a la presidencia de la empresa, empujado por el resto del directorio. Todo esto aconteció en el marco de lo que se conoció como caso Penta.
Sin embargo, según detalles que recién empiezan a conocerse, Ponce Lerou, junto a su hermano Eugenio, volverán a la minera esta vez como “asesores estratégicos”, resquicio que habría dejado el acuerdo alcanzado a principios de año por Soquimich y Corfo, liderado por el ex vicepresidente Eduardo Bitrán, en circunstancias que uno de los aspectos claves de la negociación era precisamente el alejamiento de Ponce, y de familiares hasta dos grados de consanguinidad, de los puestos de dirección. Esta conciliación, que pone fin al arbitraje instalado en el 2013, otorga a Soquimich un aumento en la cuota de extracción del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2030, lo que le garantiza utilidades insospechadas, de acuerdo a la proyección de la propia minera sobre el precio del commodity, que alcanzaría el presente año un alza de hasta un 20%. La exigencia de Corfo como contrapartida de esta concesión era poner fin a la presencia (no a la propiedad, Ponce Lerou es el accionista mayoritario) de la familia Ponce en la administración de la minera.
Bitrán ha intentado defenderse señalando que ha habido “mala fe” en la maniobra del directorio de la compañía de reintegrar a Ponce (y hermano) en un puesto clave de decisión. Sin embargo, por lo que se ha podido vislumbrar de correos intercambiados entre el mismo Bitrán y el entonces abogado asesor de Corfo, Felipe Bulnes, mientras se discutían los aspectos finales del acuerdo, las conversaciones habrían dejado explícitamente la puerta abierta a esta posibilidad. Dice el mail de Bitrán a Bulnes:
“La restricción impuesta a la familia Ponce en la negociación también aplica a SQM Salar y la Gerencia General de SQM y SQM Salar y cualquier cargo ejecutivo. Sólo pueden ser asesores de la compañía, si así lo estiman».
Estos confusos hechos constituyen una bofetada a la dignidad del país, de lo cual nadie se hace cargo. De partida, las excusas de Bitrán son infantiles. La frase “pueden ser asesores de la compañía si así lo estiman” lo dice todo. ¿No era suficiente la catadura moral del personaje, y su tortuosa historia de matonaje, estafas y engaños para haber tomado mil veces más resguardos en una negociación con él y todo el poder de su equipo jurídico? ¿Acaso no era suficientemente deshonroso que la principal agencia del gobierno de Chile entrara en una negociación directa con esta empresa plagada de historias negras, de fraude al fisco y socavamiento de nuestro sistema democrático por medio de sobornos? ¿Alguien ha intentado explicar la serie de contratos plenos de beneficios obtenidos por la minera en los gobiernos democráticos de 1990 en adelante?
¿No le debe una explicación al país también la expresidenta Bachelet? ¿Y el compromiso tan reiterado del actual gobierno respecto a “corregir lo que se hizo mal en la administración anterior”? ¿Por qué ahora se lavan las manos, señalando que “los acuerdos hay que cumplirlos”?
El acuerdo alcanzado en relación a la explotación del litio en el Salar de Atacama, una riqueza gigantesca que empezó a valorizarse a fines de los 90, junto con comprobarse su potencial para la fusión nuclear sin efectos incontrolados de radioactividad, comprometía una situación de la máxima trascendencia para la economía del país. Esto lo entendería hasta la persona menos informada, de donde surge la enorme duda respecto a la sinceridad de Bitrán, un hombre del que nadie podría cuestionar su inteligencia. ¿Por qué cuando el Estado se enfrenta a coyunturas de carácter tan estratégico, no se informa a la ciudadanía? ¿Es que vale más la preservación del modelo económico?
Se ha dicho una y mil veces. Estas atrocidades ocurren cuando la ciudadanía baja su nivel de atención respecto a “lo público”. Cuando surgen con fuerza las demandas desde los distintos sectores sociales por mayor igualdad, debería desplegarse conjuntamente la convicción de que las riquezas que nos donó la naturaleza sean efectivamente del pueblo chileno, y que quienes las administren deban hacerlo con la ética pública y el sentido de decencia compatible con una sociedad verdaderamente democrática.
