Por José Miguel Corral
Probablemente todos estemos al corriente de que hace unos días la alta jerarquía vaticana decidió la expulsión del ex sacerdote Fernando Karadima, sobre quien pesan varias denuncias sobre vejámenes sexuales durante su paso por la parroquia de El Bosque. Tras siete años desde que fue condenado por la Santa Sede por abusos sexuales y pasar una vida de penitencia y oración, además de prohibírsele realizar misas públicas, intempestivamente los medios de comunicación comenzaron a difundir la noticia de la decisión papal de desvincular totalmente al, a estas alturas, ex clérigo. El Papa “ha dimitido del estado clerical a Fernando Karadima Fariña, de la Arquidiócesis de Santiago”, rezaba el comunicado que se publicó por parte del Vaticano.
Días antes, asistimos a una situación similar. Esta vez fue el ex cura Cristián Precht quien fue expulsado, tras conocerse nuevos antecedentes que lo sindicaban como el responsable de presuntos abusos a menores de edad.
Más allá de si estas decisiones por parte de la alta jerarquía de la Iglesia sientan un precedente –tesis bastante sostenible, por lo demás- , huelga preguntarse si son estas decisiones que efectivamente la Iglesia en el mundo está dispuesta a imponer a sus sacerdotes sin miramientos. Estos no son los primeros casos de abusos que se conocen –ni en Chile ni en el mundo-, por lo que es válido cuestionárselo. “Juan Pablo II impulsó fuertemente la tolerancia cero, diciendo que no puede estar en el sacerdocio una persona que abusó de menores. Yo veo la continuidad de esa medida con la misma fuerza”, afirmó Anastasía Assimakópulos, experta en Derecho Canónico de la U. de Los Andes.
Sin perjuicio de ello, hemos visto que muchas denuncias y condenas judiciales en el mundo no han causado el mismo eco en la Iglesia. Patente es el ejemplo de la Comisión de Investigación Real sobre las Respuestas Institucionales a los crímenes de pedofilia, creada en Australia, la cual reveló – de acuerdo al testimonio de miles de víctimas- que 7% de los religiosos católicos australianos habían sido acusados de abusar sexualmente de niños entre 1950 y 2010, sin que estas sospechas desembocaran en ninguna investigación.
En virtud de esto, cabe volver a preguntarse, ¿qué certeza tenemos los ciudadanos de a pie, creyentes o no creyentes, que esta vez sí se está hablando en serio? Aquellos que por su libre elección deciden seguir el camino del sacerdocio, ¿deberían someterse a algún tipo de examen psicológico para develar sus inclinaciones o tendencias? Se requiere mucho más que fe para seguir el camino espiritual, cualquier sea la denominación de dicha espiritualidad.
Los devotos católicos tienen el derecho a exigir que su iglesia se ponga a tono con los nuevos tiempos, que revise sus añosos estatutos, concilios, encíclicas y toda forma de regulación canónica a fin de que efectivamente estos hechos no se repitan. No en vano, muchos sacerdotes afirman que la Iglesia son las personas, sus fieles. Sería una sana y respetable decisión que la alta jerarquía eclesial dé una señal potente de que sus últimas decisiones en materia de pedofilia obedecen a un real convencimiento de que sus hijos están sufriendo y que urgen nuevos aires de cambio, de aggiornamento, y no se está respondiendo con medidas paliativas o de respuesta a una creciente presión social y mediática puntual, esto es, no se está mirando el problema como algo político.
