Por José Miguel Corral
Hace unos días, la ex ministra de Justicia Javiera Blanco renunció a su cargo de consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en medio de una serie de cuestionamientos sobre su desempeño y presunta responsabilidad en la contratación de funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename) que jamás se desempeñaron en los cargos para los que habrían sido contratados; el mal uso de los gastos reservados en Carabineros mientras era subsecretaria de esa institución; y la acusación que pasó en su contra por la contratación de asesores en Gendarmería. Por estas tres acusaciones, Blanco está siendo investigada judicialmente. Tras conocerse y hacerse públicos estos hechos, el Gobierno de la época la designó como consejera en el CDE, función que por ley se desempeña hasta la edad de 75 años con una altísima remuneración.
Cuesta entender, desde la óptica ciudadana, cómo una persona pública es, de alguna manera, “premiada” con cargos y posiciones en la administración pública siendo protagonista de tal cantidad de cuestionamientos a su trabajo. Tal vez ello obedece a las lealtades y códigos propios del ejercicio del poder, códigos que muchas veces dejan de manifiesto la cada vez más creciente desconexión entre la clase política y la ciudadanía. Ni el peso de las pruebas ni el respeto que nos merecemos los electores –cualquiera sea nuestra posición– fueron oídos en este caso.
Frente a esto, no es difícil entender porqué es cada vez más creciente la abulia y la desconfianza de las personas en nuestras clases dirigentes. La confianza entre los individuos se basa en creer que existen reglas comunes iguales para todos, susceptibles de ser respetadas en todo minuto.
De acuerdo al Séptimo Estudio Nacional de Transparencia (2016), se evidenció que el 91% de las personas tiene poca o nula confianza en que los políticos puedan dar solución a sus problemas. Lo mismo ocurriría en el caso de los parlamentarios, autoridades políticas y la judicatura. Lo anterior se ve azuzado por un contexto social altamente alfabetizado en lo digital, en el que el papel de las redes es crucial, ya que la inmediatez y la multiplicidad de las fuentes hace que las personas se frustren, se sientan engañadas y/o decepcionadas frente a casos de corrupción o quede en entredicho el trabajo de algún personero público, juzgando o criticando así a LA política en general y no a LO político en particular.
En este contexto, huelga preguntarse: ¿cómo es que un país que ha alcanzado el nivel de crecimiento económico como el nuestro (ello avalado por indicadores internacionales), además de una estabilidad política reconocida en el mundo entero exhibe este tipo de problemas? ¿Tendrá algo que ver en esto el tema de la desigualdad entre unos y otros, esa que no figura en ningún estudio ni indicador internacional que nos evalúan tan bien, pero que sabemos que existe? Al parecer, desde esa desigualdad a la crisis de confianza en la clase política hay un solo y pequeño paso.
Mirar este problema como algo que estriba únicamente en el mal comportamiento de nuestros representantes, siendo parcialmente cierto, es aún insuficiente.
