Por Ruben Farías Ch.
Académico
No sé si este título es el más adecuado, porque si bien la pesadilla ya existió y duró 17 años, muchos pensamos que esa experiencia no la volveríamos a vivir. Hoy, en cambio, está empezando de nuevo, aunque sin los ribetes trágicos que caracterizó a la de 1973. La imagen de similitud se reconoce en la presencia militar desplegada a través de las calles de Santiago lo que, por cierto, es preocupante pero no tan intimidante como lo fue la de aquel año.
El ´73, los militares se rebelaron apoyando los sectores económicamente más pudientes del país, debido a que el gobierno de la época intentaba redistribuir la riqueza nacional con el fin de tratar se superar la desigualdad social, producto de las grandes diferencias disimuladas desde décadas anteriores. El resultado de la decisión militar en connivencia con el poder económico produjo consecuencias inesperadas, lamentables, trágicas y difíciles de olvidar Ese poder no podía aceptar semejante cambio que le significaba contribuir con los sectores sociales más vulnerables y que pudieran vivir en el nivel de dignidad al que todo ser humano tiene derecho.
Hoy —y después de 45 años— la historia es diferente. Quienes dirigen el país es la nueva generación pero del mismo sector social de aquellos años, muchos de los cuales aún se mantienen como protagonistas políticos de este nuevo escenario. Sin embargo, algo no es igual: los de ayer, que se negaron a compartir legalmente sus riquezas con los sectores más vulnerables, hoy, sus sucesores, recurren el argumento de “que el mercado todo lo soluciona”, pero no reconociendo los efectos de tal afirmación como son los niveles de desigualdad social que ello provoca y profundiza. Así y para mantener e incrementar su poder económico sólo valoran la posibilidad de contar con políticos que —ubicados en distintos niveles de alta responsabilidad pública— les permitan seguir usufructuando del máximo beneficio y privilegios que significa apoderarse de la riqueza producida por el trabajo de los sectores que ellos tanto desprecian. En otras palabras, hacer al rico más rico y que los pobres no pretendan aspirar a recibir más de lo que ya reciben sin importarles lo precario que significan los actuales ingresos.
El sistema político-ideológico chileno actual ha fracasado. El gobierno y los sectores que lo apoyan obstinadamente no han tenido conciencia de los peligros que acechan la estabilidad republicana. Han confundido la aplicación legal de normas que les han otorgado privilegios con la deliberada ausencia de criterios de legitimidad ética, que deberían haberse considerado con el propósito de evitar los daños que dicha aplicación provoca en el resto de la sociedad. Los procesos privatizadores de los recursos naturales, que constituyen nuestra base vital de existencia y que no deben ser considerados como el derecho de algunos por sobre los demás, son un buen ejemplo de lo expresado. Promovieron también los beneficios de un nuevo sistema de salud (ISAPRES) y de seguridad social (AFP) sin que después de casi tres décadas de creación se haya cumplido con la promesa de satisfacer las necesidades vitales más sensibles de la persona. Las políticas sectoriales implementadas han atentado severamente en contra de las futuras perspectivas de desarrollo de la sociedad: en Educación, con programaciones técnicas y pedagógicas que han desvalorizado significativamente los conocimientos de ciencias sociales en general, asestando un golpe irreparable en las potencialidades intelectuales de los jóvenes; no entendiéndose el significado sociocultural de la importancia de lo público en el proceso educativo, revelando un clasismo incomprensible en una materia que sólo depende de los méritos y capacidades de cada cual; o bien, lo ocurrido con la educación superior y algunas universidades privadas, cuyas odiosas diferencias en los valores económicos por concepto de matrículas y mensualidades han dejado a estudiantes y sus familias endeudados por años para cancelar la deuda de sus estudios. Algo similar ha ocurrido en Salud, generando graves diferencias entre los establecimientos públicos y privados que son evidentes. Los primeros, con problemas de financiamiento en recursos, tecnologías e infraestructuras, y los segundos, en cambio, aplicando prácticas orientadas hacia un lucro compulsivo en cuanto a su administración por parte de quienes las dirigen o, como en el caso de la colusión entre las cadenas farmacéuticas, pervirtiendo el sentido ético de la función social que tienen, a través de un perverso modo de gestión que ha hecho, por ejemplo, de la venta de los remedios un bien de consumo más que un derecho humano de acceder a ellos.
En fin, los escándalos financieros de los institutos militares y de Carabineros, cuyos mandos superiores transgredieron el sentido ético de su propia formación; las exorbitantes cifras en materia de sueldos a parlamentarios, altos funcionarios públicos, cuyos valores simplemente constituyen una ofensa permanente a todo chileno, un agravio a la inteligencia y una vergüenza permanente a una noble función que debiera velar por la justicia y la verdad en todo sentido; el nepotismo, que ha logrado cumplir con su objetivo al permitir que personas cercanas a quienes ejercen el poder sean siempre privilegiadas de dicha relación para fines laborales y económicos. etc. no ha sido sino la gestión de la inmoralidad de unos pocos.
Ante esto, es necesario reconocer la legitimidad de las peticiones hechas, pensando en que sus soluciones beneficiarán a la sociedad y no sólo a quienes gozan de los privilegios irritantes de los sectores involucrados en el manejo económico. En este sentido, no debe olvidarse que todo ciudadano es igual ante sus pares y que pueden acceder a desempeñarse en altas responsabilidades en virtud de los méritos que demuestren.
La gobernabilidad de un país así como la organización de toda empresa exige, por parte de sus dirigentes, un objetivo conocimiento de la realidad del tiempo presente en que viven. Esto surge del grado de compatibilidad que existe entre lo que se conoce directamente del entorno, lo que se comprende, lo que se siente y el marco ideológico que la persona tiene de su propia visión de vida. Debido a lo anterior y frente a sucesos como son los que vivimos en estos días, no es tan difícil suponer que si dicha relación no existe y se impone sólo lo ideológico y la proyección de sus intereses proyectados por sobre la realidad, en una extrema dimensión individualista, los problemas entonces se agravarán.
Líderes políticos con sentido de futuro y una concepción democrática tolerante y solidaria saben valorar el sentido de lo público en cuanto a la formación ciudadana y la satisfacción de las necesidades que las personas demandan. Lo público y lo privado son dos ámbitos de relaciones interpersonales que invariablemente por naturaleza coexisten entre sí El primero, como el espacio de construcción de toda obra humana destinada al bien social. Es conocimiento psico-socio-individual de cuya adecuada comprensión y estudio se puede formar integralmente a toda persona en su doble perspectiva: ser ciudadano pero también de ser responsable de una función laboral determinada. El segundo, corresponde al ámbito más propio de las relaciones interpersonales que, comenzando por la familia, se proyecta en toda iniciativa que aúne intereses comunes para satisfacción de sí mismos aunque también de carácter social.
Lo ocurrido recientemente en nuestro país, responde a la insatisfacción generalizada que deliberadamente han provocado las injusticias derivadas de la aplicación —durante más de tres décadas— de promesas incumplidas que el modelo neoliberal impuso. En estricto rigor, esto no podría haber sido de otro modo. En la mentalidad de quienes lo han defendido, sus preocupaciones no han estado en absoluto concentradas en los ofrecimientos hechos al pueblo chileno y su colaboración para superar sus carencias. Lo ofrecido, por el contrario, siempre ha sido sólo una justificación para demostrar credibilidad ante la ciudadanía y acceder así al ejercicio del poder político que era la prioridad máxima de los partidarios del modelo.
En una verdadera gestión política democrática, su meta principal es el bienestar de la sociedad, su desarrollo, en todo sentido y sin discriminación alguna y, por cierto, no amparando nunca procedimientos colusivos que atenten en contra de la dignidad de la persona, lo ético de una responsabilidad o la perversión inmoral de conductas ávidas de lucro. Nunca debe olvidarse que la riqueza de un pueblo, a parte de su capital humano, su inteligencia y sus obras, es su propio patrimonio natural de recursos y quienes en ello trabajan son los verdaderos artífices de la riqueza producida. Desconocer este hecho es, simplemente, la demostración de una intencionalidad propia de una irracional ambición asociada a un individualismo extremo narcisista, autoritario, egoísta y nepótico, características básicas que acompañan al abuso practicado a través de todos los niveles de relaciones interpersonales sean de carácter públicas o privadas.
La historia no debe seguir escribiéndose como hasta ahora se ha hecho; se la debe reescribir, pero esta vez, para señalar una visión republicana justa, basada en la visión laica de la vida, respetuosa y tolerante, y en una dimensión humanista, sincera y transparente, de tal modo que quien aspire a lograr un honroso sitial en ella, sepa que no lo obtendrá a través del cargo que transitoriamente ostenta, sino a partir de una conducta ejemplarizadora de principios, virtudes y valores que demuestren a la persona ante sus pares como el mejor de entre sus iguales: digno, solidario, empático y, sobre todo, comprensivo del tiempo histórico que vive y del que legará a las futuras generaciones.
