Iniciativa Laicista dialoga esta semana con Natalia Saavedra, periodista y académica de la Universidad de Chile. Entrevista de Gabriel Palma.
El panorama actual referente a la pandemia no es muy alentador, pues las cifras de contagios y muertes en los países duramente afectados siguen aumentando, como ocurren en Estados Unidos, Brasil o Chile. Ahora, no podemos ser tan pesimistas: algunas naciones que fueron altos focos virales están superando de a poco la epidemia. En España se han relajado las medidas restrictivas y en Nueva Zelanda se dio por superada la crisis sanitaria.
¿Es esta una razón para bajar los brazos? Por cierto que no. Si bien cientos de científicos alrededor del mundo concentran sus esfuerzos para desarrollar una vacuna, a la vez que los gobiernos del mundo dan soporte a sus ciudadanos para brindarles apoyo, la “vida normal” aún no se puede retomar. Y, de hecho, hay un punto crucial que se ha dejado de lado al momento de discutir sobre la vuelta a la normalidad: ¿podremos seguir viviendo bajo esa economía próspera que cobijaba a nuestra nación antes de la pandemia?
En el Diálogo Abierto de esta semana conversamos con Natalia Saavedra, periodista en el área de Economía, profesora de la Universidad de Chile y quien se desempeñó en su momento como editora del área de Mercados del medio digital El Mostrador.
Pese a las fuertes consecuencias económicas que sufrirán los países al superar la pandemia, la mayoría de los gobiernos del mundo han decidido implementar medidas drásticas para hacer frente al virus. Sin embargo, algunos gobiernos como los de Estados Unidos, Brasil y Chile han sido abiertos opositores a las medidas restrictivas completas alegando futuras complicaciones en lo económico, ¿Es justificable este tipo de posturas considerando la cantidad de contagios y muertes que se producen diariamente?
- Creo que es justificable con un análisis muy micro. ¿A qué me refiero? Conversé hace un par de semanas con el académico y economista Óscar Landerretche quien me decía que, por ejemplo, hay medidas de pequeña economía que se pueden tomar. Por ejemplo, veamos a Isla de Pascua. Es clave no solo que por salud pública mantenga cerradas las fronteras, sino que además a nivel micro, al no tener casos, puede mantener activa su economía. Esto debe generar especial cuidado en la pequeña fracción de comunas donde no hay casos. Mira las cifras de Providencia, por ejemplo. Bajó a menos de 500 casos siendo una de las que corría gran riesgo de elevar contagios (de hecho, ya no está en el top ten). En ese caso creo que pequeños comercios e instituciones supervisados por los municipios pueden mantener actividades parciales. A la par, no recuerdo tiempos de golpe o de pandemias o de postguerra, pero me preocupa mucho que las tasas de cesantía lleguen a niveles sobre el 12% o sobre dos dígitos en general, provocando un escenario peor de gente enferma y con hambre. Asimismo, creo que deben venir, por sentido común, planes incentivos de empleos públicos, pero no solo para personas en riesgo, sino para personas de todos los rangos sociales porque es una crisis que no distingue estratos.
El gobierno dio a entender que la implementación de la Ley de Protección del Empleo beneficiaría a un sinnúmero de pequeñas y medianas empresas, las que han sufrido pérdidas producto del contexto de pandemia. Sin embargo, un grupo de grandes empresas de diversos rubros han hecho noticia porque se ha acogido a esta ley, y si bien estas empresas están en su derecho de hacerlo, han sido criticadas pues son corporaciones con utilidades mucho más altas que las pymes, ¿Cree usted que es justificable la decisión de estas grandes empresas? ¿Están aprovechándose de la situación?
- Lo primero sería pensar en que “hecha la ley, hecha la trampa”. Pero creo que la principal responsabilidad es del Estado, que tiene el deber de resguardar la salud de sus ciudadanos, pero además la salud económica de una población que, incipientemente, ha salido desde los años 90 de la pobreza de manera relevante, independientemente de si la distribución ha sido justa o no. Volviendo a lo inicial, la Ley de Protección al Empleo fue dictada por el Ejecutivo mediante mensaje presidencial. Es decir, el Gobierno marcó la cancha donde las empresas, en una legalidad que el libre mercado les da, jugaron el partido. Me extrañó que el ministro (Ignacio Briones, ministro de Hacienda), un economista respetado y altruista dijera que le sorprendió la utilización de la ley por parte de grandes corporaciones. ¿Qué es más grave? ¿Un estado lleno de asesores que ganan millones de pesos donde nadie repara en que las empresas no tengan un componente ético en sus decisiones (“business are business, no es nada personal”, dicta la dudosa frase) o que la empresa no esté a la altura? Ambos hechos son igualmente cuestionables, pero el primer deber de resguardo de sus ciudadanos es del Estado, no del mercado.
Se especula sobre la venida de una fuerte crisis económica mundial dado que los países han concentrado sus esfuerzos en superar el COVID-19, dejando de lado otras preocupaciones, ¿Qué efectos traería esa eventual crisis económica en el mundo y en nuestro país? ¿Podría implicar, eventualmente, desbalances políticos o sociales que concluyan en situaciones críticas en los países? ¿Cómo podría afectar esto en una “vuelta a la normalidad”?
- En la discusión social me preocupa mucho como ciudadana la falta de información y de sentido común en el debate en todo el abanico. Me preocupa el pánico que cunde. ¿En qué sentido? En que se siguen metiendo a la receta, hablando de la economía local, más factores a la olla a presión. No soy economista, no podría predecir esos efectos, pero por lógica me gustaría ver un país donde –en ese debate de cómo salir de la crisis de una vez– el estado regule el mercado en lo que se debe. Vamos a lo concreto: una familia de tres personas paga aproximadamente 350 mil pesos de salud privada. ¿Tiene sentido? Creo que lo que uno puede predecir es que a nivel local la crisis será severa si a ello se le suma un descontento social que implique ya no creer en nada, en ninguna institución. Esa crisis de credibilidad es tan severa como una crisis económica. Sería, de paso, casi mágico que los consumidores con fuerza inédita dirigieran el mercado. Esto se refiere a que compren en pymes de verdad, dirijan su consumo a la economía circular, las AFP inviertan en capital de riesgo. Pero eso sería en el cuento de Alicia en el país de las Maravillas.
