Iniciativa Laicista dialoga esta semana con la abogada ANA PIQUER ROMO, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional–Chile. Entrevista de Rogelio Rodríguez.
IL.- ¿Qué piensa usted del tratamiento que han dado nuestras autoridades a la crisis sanitaria desde el inicio de la pandemia?
AP.- Evaluándolo desde una perspectiva de derechos humanos, son varios los puntos de preocupación.
Por una parte, hemos seguido recibiendo información de actuar policial y militar indebido, haciendo uso excesivo de la fuerza en el control de manifestaciones (incluso cuando están cumpliendo las normas sanitarias), y en el control de cuarentenas y toques de queda. Hemos tenido alertas de casos de golpizas, detenciones arbitrarias, malos tratos en detención, uso de gases lacrimógenas en zonas residenciales y detención a periodistas, entre otros. Hay al menos un caso con resultado de muerte.
Por otra parte, desde la perspectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, nos preocupa que los sectores más vulnerables de la población, o con menores recursos, no están recibiendo el apoyo estatal necesario para garantizar sus derechos. Es imposible para las personas hacer una cuarentena efectiva cuando hacerla les expone, literalmente, a no tener qué comer. Es imposible que las personas mantengan medidas de higiene cuando no tienen acceso al agua. Nada de esto ha sido, hasta ahora, resuelto debidamente.
IL.- Se dice que el coronavirus no es democrático, que deja a la vista los conflictos profundos de una sociedad. ¿Cómo ve Amnistía Chile los riesgos, no solo sanitarios, de la crisis que nos afecta?
AP.- Una de las cosas que caracteriza el sistema chileno es una profunda desigualdad, y eso tiene, por supuesto, un impacto en los derechos humanos.
El estallido social de octubre puso a prueba los mecanismos de control del orden público y el sistema de justicia penal, y se evidenció que este no opera igual para todas las personas. La respuesta estatal ante las manifestaciones masivas generó una gravísima crisis de derechos humanos y evidenció la necesidad de una reforma profunda a Carabineros de Chile, y cómo el actuar de todo el sistema de justicia penal criminaliza a quienes se manifiestan, y más aún si se trata de personas de menores recursos y grupos más vulnerables. Esto ya lo sabíamos –la mejor evidencia es la situación por décadas del pueblo mapuche–, pero se masificó e hizo más patente desde octubre de 2019 en adelante.
Ahora, con la crisis que generó la pandemia, se pusieron a prueba los mecanismos de protección de derechos como la salud, la vivienda, el agua y el rol del Estado como garante de derechos. Y, nuevamente, vemos cómo la estructura falla en eso. Las desigualdades, y cómo eso impacta en los derechos humanos, se hicieron más patentes que nunca y nuevamente son las personas de menores recursos y grupos más vulnerables quienes se ven más afectadas.
Qué implica esto para el futuro está por verse. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que si hay algunas personas que no están a salvo, nadie está a salvo. Es quizá una oportunidad, especialmente de cara al futuro proceso constituyente, de realizar las reformas estructurales necesarias para tener un Estado verdaderamente garante de nuestros derechos humanos.
IL.- Se ha informado en un medio que el presidente Piñera ha mandado al Congreso un proyecto para impedir que se presenten cargos contra él por violación los DDHH por parte de la Corte Penal Internacional. ¿Ha podido Amnistía Chile confirmar esta información? De ser cierta, ¿qué efectos tendría?
AP.- Esta información es parcialmente cierta, y requiere ciertos matices. Es cierto que el gobierno envió al Congreso, ingresado el 12 de mayo, un proyecto de ley que establece mecanismos de cooperación entre el Estado de Chile y la Corte Penal Internacional (CPI). Esto no es en sí mismo una mala noticia. La Corte Penal Internacional no tiene un cuerpo policial o de investigación propio, por lo que sus investigaciones requieren necesariamente de la cooperación de los estados parte. Para ello, se incentiva a todos los Estados parte a regular por ley cómo se implementará esta cooperación. Chile, hasta ahora, no había regulado esto y es bueno que se avance en esa dirección. Es un proyecto de ley complejo, con un articulado extenso y que ingresó sin urgencia al Congreso, por lo que es probable que su tramitación tome bastante tiempo.
Los puntos que generaron desconfianza ante la iniciativa son fundamentalmente dos. El primero, es la oportunidad. No quedó nunca claro por qué se tomó la decisión de ingresarlo ahora, en medio de la pandemia. El segundo es que una de las normas establece que la solicitud de la CPI de que se realicen diligencias investigativas llegará, en primer lugar, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ha sido visto como una manera de “filtrar” las solicitudes con una mirada política.
Ambas cosas permitieron generar la duda de que esto podría ser un intento por evitar una responsabilidad del Presidente Piñera u otros personeros de Estado ante la Corte Penal Internacional. Esto puede ser así, pero es pronto para afirmarlo. Por una parte, todavía no se ha iniciado ninguna investigación sobre Chile en la Corte, y no es probable que esto suceda en el corto plazo, dependiendo de qué suceda en Chile en los próximos años. Y, por otra parte, es necesario dar seguimiento a la tramitación del proyecto de ley, porque dependiendo de cómo avance, puede ser incluso una oportunidad, permitiendo una mejor cooperación desde Chile, regulada en nuestra legislación interna, en caso de iniciarse una investigación en el futuro. Desde Amnistía Internacional estamos realizando un análisis de detalle del articulado completo y daremos seguimiento a la tramitación.
IL:- La cuarentena obligatoria a una multitud de comunas en Santiago y regiones se ha visto conmocionada por las manifestaciones sociales de quienes dicen no tener suficientes recursos económicos para poder obedecerla. ¿Qué derechos humanos pueden ser violentados por la autoridad si reprimen estas manifestaciones? ¿Qué consecuencias sociales puede traer el mantener por mucho tiempo esta medida?
AP.- Respecto de las manifestaciones, las reglas son las mismas con o sin pandemia: las autoridades pueden y deben asegurar el derecho a manifestarse y, a la vez, asegurar que se mantenga debidamente el orden público y, según sea el caso, que se cumplan con las normas sanitarias. Para hacer esto, pueden eventualmente hacer uso de la fuerza, pero este debe ser siempre necesario y proporcional. Lamentablemente, hemos visto que esto no ha sido así y que se han seguido violando los derechos humanos en este contexto.
Una cuarentena prolongada puede, por supuesto, tener múltiples efectos negativos. Las personas pueden tener dificultades para mantener sus ingresos (peor para quienes tienen trabajos informales); existe un mayor riesgo de violencia intrafamiliar, afectando de manera especial a mujeres, niños, niñas y adolescentes y a la población LGBTIQ+; es más probable que existan afectaciones a la salud mental, entre muchas otras consecuencias. Esto empeora en sectores de menores recursos, donde las personas viven en condiciones de hacinamiento, escasez de agua y otras condiciones de precariedad. No obstante, esto no debiera ser un argumento para no hacer las cuarentenas que sean necesarias desde una perspectiva sanitaria, sino más bien para buscar mejores mecanismos de intervención estatal, en su rol de garante de derechos, que permitan dar soluciones a las personas en esta y otras materias y permitirles hacer una cuarentena segura.
