Por Rubén Farías Ch.
Las ideas que a continuación se exponen son aportes que, como ejemplos, espero sirvan para pensar más con visión de futuro por el bien superior de la persona y de la sociedad que entre todos hemos ayudado a constituir, que aferrarse un pasado de experiencias ya vividas.
Para esto, la participación ciudadana es fundamental. Necesitamos perfilar una renovada estructura política que permita hacer frente a problemas y desafíos de cuyas acertadas soluciones y en gran medida, depende la estabilidad republicana. Esto requiere de una sincera voluntad de cambios y comprender la necesidad de un devenir cualitativamente distinto del presente sentando las bases para un superior estado de desarrollo acorde a los tiempos que se vivirán.
Existen variadas formas de participar. Una de ellas es aportando ideas cuyos fundamentos demuestren la factibilidad de lograr las aspiraciones deseables. Por cierto, que no todos estarán de acuerdo con lo que cada cual piense. Ante esto debe considerarse que se trata de los intereses asociados al desarrollo nacional y no a los personales.
Por tal razón, los grupos de trabajos que se organicen para formular las propuesta que correspondan, ojalá planifiquen y finalicen su labor culminando con resultados que representen a la sociedad en su conjunto, sin ningún tipo de discriminación, ni olvidando que la soberanía reside en el pueblo y que sus representantes son elegidos a través de mayorías de votos de cuya validez no se tenga dudas.
Estimo que una idea clave en todo esto, es la necesidad de redefinir el rol del Estado en cuanto a ser garante —a través de la institucionalidad que se otorgue— del reconocimiento y aseguramiento de todos los deberes y derechos ciudadanos que corresponde, sin exclusión alguna, salvo respecto de las acciones reñidas éticamente con las normas que rijan y que se encuentre estipuladas en las disposiciones legales respectivas.
Lo anterior tiene que ver con aspectos fundamentales de la convivencia social que, en general y entre otros, me refiero, por ejemplo, a la VIDA, como el acto natural y consciente de existir y la importancia que el Estado debe tener para brindarle a todos sus ciudadanos y en todo sentido, la protección indispensable ante cualquier situación que intente injustamente vulnerar la libertad de las personas y a la SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL en cuanto al reconocimiento de su biodiversidad, cuyo capital biótico y cultural es la base del patrimonio del país caracterizado por lo que ha sido su propio desarrollo a través del tiempo.
Sectorialmente, es interesante el caso de la EDUCACIÓN, a través de sus diferentes niveles y orientaciones: parvularia, básica, media y superior, constituida como la poderosa opción formativa de las generaciones en todas las áreas culturales, científicas y técnicas del saber y que, a través de una muy buena formación ciudadana y cívica, contemple, además, una oportuna preparación de las personas para responder a las exigencias de sus propios tiempos futuros de existencia. Ella es una responsabilidad en cuanto a política pública del Estado, cuya importancia significa una alternativa estratégica que fortalezca las bases del desarrollo nacional en cuanto a proceso integral de formación humana. Es, por lo tanto, el compromiso laico del Estado de velar por las condiciones en las que la educación se imparte y la pluralidad interpretativa de los conocimientos aportados. Es recomendable, en este sentido, que los profesionales en todos sus niveles y especialidades, contengan los fundamentos de la visión laica de la organización de la República y la importancia que ello reviste en la aceptación cultural de la tolerancia y su práctica, en que todas las visiones son válidas como bases generadoras de conocimientos.
Algo similar ocurre con la SALUD y el derecho inalienable de la persona de ser apoyada en las adversas circunstancias que lo requiera, con los recursos técnicos que todo centro médico dispone y sin ninguna otra condición que no sea el de velar por la seguridad y recuperación de las personas afectadas. Debe evitarse, por lo tanto, que en toda atención médica intervengan juicios de valor que transgredan la dignidad que, como paciente, todo ser humano posee, o que compromisos económicos exigidos para las prestaciones que se demanden determinen su permanencia en el centro asistencial respectivo.
Otra temática interesante se refiere a la SEGURIDAD SOCIAL, en cuanto al derecho de justicia social y las disposiciones legales que hacen de lo humano el bien vivir individual y el buen convivir social, lo que implica la consideración y apoyo en los casos de desempleo, accidente, invalidez, enfermedad, maternidad, jubilación, vejez u otras difíciles situaciones de vida.
El TRABAJO, por su parte, reviste la importancia que tiene como el apropiado derecho que cada cual posee para gozar de opciones laborales y contribuir a la generación de riqueza conforme a las capacidades y/o las formaciones que las personas tengan, equidad de condiciones, remuneraciones dignas y cumplimiento de las partes en materias de seguridad social, laboral, etc.
Otros asuntos no menos interesantes e importantes que deben ser objeto de atención por parte de quienes tendrán la responsabilidad de generar las políticas que corresponden, se refieren a la dimensión cultural y técnica respecto de las singularidades del TERRITORIO, explicando la condición geográfica del país cuya longitudinalidad obliga a establecer un criterio de organización del espacio geográfico que reconozca la existencia de una diversidad natural y cultural incuestionable.
Dicha realidad requiere de la aplicación de una política de Estado descentralizadora, dotada de todos los servicios propios que la sociedad requiere y fomentado la ejecución de procesos productivos públicos y privados en función de sus propias potencialidades naturales y culturales. Recordar, en este sentido, que los recursos naturales renovables y no renovables: aire, agua y tierra son bienes del Estado de Chile y patrimonio de todos los chilenos, en cuya explotación y uso puede convenir con el sector privado las acciones y actividades que legalmente correspondan, pero cuyos beneficios no debieran ser superior a los del Estado y la comunidad nacional que representa. Una política sectorial e intersectorial ad-hoc debe definir los fundamentos técnicos que corresponda para cada caso.
En fin, es mucho lo que podría explicarse y recomendarse como hechos que requieren de cambios para adecuarse a condiciones y niveles de vida de estos tiempos y de los que sobrevendrán pero, para ello es importante la existencia de un sistema público eficiente, solidario y participativo, sin perjuicio de lo cual también las entidades privadas deben participar a partir de sus propios criterios de funcionamiento que legal se adapten a las normas oficiales que corresponda.
¿Existe la voluntad de hacerlo y lograr, más allá de las diferencias, una sociedad crecientemente más justa y solidaria?
