Rubén Farías Chacón
Cuando los hechos ya ocurridos se cobijan en el pasado y sus consecuencias comienzan a desvanecerse en el tiempo, se impone poco a poco el olvido a lo sucedido hasta transformarlo sólo en un recuerdo. Es en este momento cuando las posibilidades de reconstituirlo se pueden lograr, pero lo que a veces se encuentra en la opinión de algunos, es una verdadera obsesión por interpretar los acontecimientos ocurridos retrocediendo al tiempo que se produjeron y en otros casos, una intencional voluntad de desconocer lo que verdaderamente ocurrió, sea negándolos o bien, demostrando una incomprensible actitud de indiferencia.
Al parecer, algo de lo anterior ya ha estado ocurriendo en las actividades de la Convención. Algunos de sus integrantes y pese al poco tiempo transcurrido desde su inicio —el 04 de julio de 2021— han demostrado no entender bien la naturaleza de la Convención y el compromiso al que fueron llamados por la soberanía popular. Este aspecto se advierte, especialmente, cuando el compromiso de lo que se debe hacer es redactar una propuesta que contenga las bases jurídicas de una nueva Constitución para Chile. Para ello, sin embargo, no se demuestra precisamente una conducta que transparente una sincera voluntad de diálogo; una espontánea y convincente demostración de un proceder empático y, menos aún, de una actitud que verdaderamente exprese tener la suficiente capacidad y decisión personal para liberarse de los sesgos ideológicos partidistas y de intereses preconcebidos de los que cada cual sea portador.
Los contenidos de lo que se espera sea la nueva Constitución, se refiere a una multiplicidad de aspectos, que el constituyente debe identificarlos e interpretarlos apoyados, en cierto modo, en su propia visión de mundo, de su forma de pensar y de lo que ideológicamente constituya lo más acertado según lo dicte su propia conciencia. Esto, sin embargo, corresponde a una distinta forma de apreciar el problema, de cuya respuesta debiera surgir la determinación del constituyente: ¿validar más los sesgos ideológicos partidistas e intereses mencionados o los dictados de su propia conciencia para aportar ideas, explicaciones y propuestas de soluciones que no contravenga el espíritu del bien superior que se busca?
En realidad, no es beneficioso para los propósitos de la Convención que, habiendo pasado ya casi dos meses de las deliberaciones preliminares de su organización y de los estudios reglamentarios que deben regular sus trabajos y sin considerar aún los contenidos sobre los cuales se reflexionará para iniciar la redacción del texto, ya se hayan manifestado diferencias ideológicas de parte de algunos grupos de constituyentes. Éstos, al parecer y equivocadamente, o se han atribuido representaciones políticas al estilo del quehacer parlamentario, o han mantenido conscientemente la continuidad de las relaciones políticas externas no midiendo sus consecuencias. Esto preocupa, debido a que se trata de un escenario en que debe primar fundamentalmente el bien superior del país por sobre cualquiera otra consideración por muy razonable que ella sea.
Es por ello que lo sucedido durante estos primeros meses de trabajo de la Convención Constitucional no deben olvidarse pues, al parecer, los desencuentros habidos entre quienes piensan diferentes, han continuado. Estos actos, inducen a erradas interpretaciones que todo ciudadano en su legítimo derecho puede hacer, responsabilizando a sus integrantes de ser un segundo centro político de atención y desvirtuando lo esencial de sus funciones, cual es la discusión teórica de lo que debiera ser la visión con la que se deben redactar las materias de la nueva Carta Fundamental.
Lo hasta aquí expuesto, se puede comprender porque cuando se inicia una nueva experiencia de cambios profundos en las bases estructurales de la organización social no antes vivida en la historia de un pueblo, —se quiera o no —existe un ambiente de nerviosismo general respecto de la certeza o duda de sus resultados. Y es normal, debido a que, en estas condiciones, habitualmente nos encontramos con sectores sociales adversos a aceptar que tales cambios sean la respuesta que históricamente la generación protagonista de los acontecimientos, legan a sus descendientes. Sin embargo, éstos, por cierto, no siempre los continuarán ciegamente en la senda ideológica trazada por sus antecesores.
Cuando se manifiesta un comportamiento conservador ante la vida justificado por el temor ante el dilema de cómo enfrentar el cambio, por lo general, se demuestra “asumiendo una actitud de inmovilismo ante las demandas y retos de la sociedad” [1]. Tanto el temor como el inmovilismo también obedecen a causas específicas referidas, especialmente, a tratar de mantener el orden social que a lo largo del tiempo han generado y que lo defienden en razón de los privilegios que ellos mismos se han autoconcedido gracias a las posiciones de poder a las que han accedido y que, por cierto, les favorecen. En el contexto de estas ideas se plantea un disminuido rol del Estado, postergándose los derechos sociales y fomentado la iniciativa privada como el punto de partida que el desarrollo requiere.
Quienes sostienen puntos de vistas contrarios o diferentes a los anteriores, poseen una visión que teóricamente se fundamenta en el sentido social del proceso de gobernabilidad. Se define genéricamente el rol del Estado asociado a la importancia del bien común y en que las políticas públicas y los derechos sociales fundamentales se constituyen como el eje central del desarrollo. Se entiende, de todas maneras, que, si bien la iniciativa privada es necesaria, las preocupaciones por lo público no deben considerarse, sin embargo, como funciones secundarias en las responsabilidades del Estado. La mutua interacción de ambas visiones debiese conducir a la sociedad a un pleno desarrollo de todas sus fortalezas.
En general y como ya se conoce en los hechos políticos nacionales, estas visiones se enfrentan ahora a un inédito desafío en Chile, determinado por una también inesperada pero deseada circunstancia histórica: elaborar otra Constitución. En esto, el compromiso ético del constituyente es velar porque en todo momento se intercambien ideas acerca de la misión que tienen. Para ello es útil considerar, por ejemplo, que el pasado es la referencia histórica de lo que ya existió, y que no debe negarse ni justificarse si la verdad contenida en ese pasado convenga o incomode a quien la escucha; como tampoco se debe expresar odiosidad, incitación a la violencia, discriminación, o no comprender situaciones imprevistas que afecten a algunos constituyentes y que intempestivamente influya en la habitualidad del cumplimiento del programa de trabajo, etc.
Por el bien superior del país, es deseable que los constituyentes superen sus diferencias ideológicas y logren acuerdos armoniosos. La realidad de nuestro futuro así lo exige. Si deliberadamente cada cual insiste en defender puntos de vista contrarios al bien de las personas, de la sociedad y sus diversidades, no se avanzará. La futura Carta Fundamental debe garantizar imparcialmente los principios básicos de la organización social, en cuanto al significado del acto ético y sus aportes normativos relacionados al proceder de cada cual como integrante de los grupos sociales; sus valores, cuya práctica asociada al conocimiento de la realidad permite comprenderla como la base de una convivencia plena en el marco de sus propias diversidades y sus virtudes, con respeto a una decidida voluntad de comprender la necesidad de obrar siempre bien.
Si la incertidumbre se manifestó en la iniciación del trabajo de la Convención, es de esperar que la comprensión y el sentido empático se imponga al momento de analizar los problemas en la globalidad de relaciones que presentan y no reducirlos a un simple intercambio de valores económicos. En esto, la cultura, el librepensamiento, la libertad de conciencia, el respeto a las personas, debiese expresarse como las bases de la futura Carta Constitucional que permita un desarrollo como país libre, soberano y fraterno.
[1] BORJA, Rodrigo: https://www.enciclopediadelapolitica.org/conservador/
