La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados se ha convertido abruptamente en un escenario de discusión sobre la libertad de conciencia, merced a los empeños tradicionalistas y la pertinacia del diputado Antonio Kast, de familia y partido de fundamentos confesionalistas. Kast sigue molesto porque, por segunda vez, la presidenta de la Comisión, Camila Vallejo, ha prescindido de la invocación a Dios al abrir la sesión, según lo indica el reglamento de la Cámara de Diputados, que es contradictorio con la libertad de conciencia establecida en la Constitución.
La diputada Vallejo sostuvo en la reunión de la Comisión, este miércoles 23, que no está en condiciones de citar el nombre de Dios en vano, ya que no es creyente, y citó la Biblia para demostrar lo que dice en el libro Éxodo, que expresa “no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano”.
Ante la petición de censura presentada por Kast, los siguientes diputados respetaron el derecho de conciencia de Vallejo y rechazaron la moción: Juan Luis Castro (PS), Ramón Farías (PPD), Víctor Torres (PDC), Giorgio Jackson (RD), Carla Rubilar (RN) y la propia Vallejos. A favor, votaron los diputados Kast, Enrique Van Rysselberghe y María José Hoffmann.
Dado que nuevamente Vallejo no abrió la sesión en nombre de Dios, Kast presentó una segunda moción de censura, que deberá ser sometida a votación en la próxima sesión. La presidenta de la Comisión ha sostenido que ella no fue elegida para legislar en nombre de Dios sino de sus electores, lo que plantea un aspecto de conciencia que va al fondo del carácter de la representación que no pocos parlamentarios parecen olvidar.
Sería altamente conveniente que, de una vez por todas, el reglamento del Senado y de la Cámara de Diputados establezcan las modificaciones a su reglamento, ante la evidencia de que la Constitución no considera alusiones ni obligaciones religiosas en la labor legislativa.
Es cierto que a muchos parlamentarios le parece necesario mantener la tradición, pero en la medida que aquello provoque consecuencias, los derechos de conciencia deben prevalecer y ser garantizados por quienes, más que nadie, deben representar el espíritu y la letra de la Constitución en democracia: el Congreso Nacional.
