Diego Petersen Farah, escritor y periodistas, es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha trabajado como editor, subdirector y director en diferentes medios de comunicación escritos de México.El de edición de hoy 19 de marzo, en El Economista.com.mx, publica un artículo titulado “Estado laico y libertad religiosa”, donde sale al paso a las demandas levantadas por el destemplado Arzobispo de Ciudad de México, hace dos semanas..
En su artículo, el escritor y periodista expresa:
Algunos grupos de la Iglesia católica han emprendido una nueva cruzada en contra del Estado laico y a favor de lo que ellos llaman una mayor libertad religiosa.
Son dos los principales frentes de batalla de estos grupos: los derechos políticos de los ministros de culto y la educación religiosa en las escuelas.
El Artículo 130 de la Constitución, que norma la relación con las iglesias, fue modificado en 1992 para darle reconocimiento oficial a las asociaciones religiosas. Pasamos de un tajante, y si se quiere absurdo, “la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias” a “las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica…”.
Antes de la reforma, los congresos de los estados podían determinar y limitar el número de ministros de culto de una iglesia y después de ella quedó estipulado que “las autoridades no podrá intervenir en la vida interna de las iglesias”.
Sin embargo, tanto antes como ahora se limitan los derechos de los ministros de culto para ser candidatos o para opinar de política desde el púlpito. La razón de esto es muy sencilla, aunque a algunos obispos les cueste trabajo entenderlo: al existir una relación de autoridad entre el ministro de culto y el feligrés o seguidor, las opiniones políticas emitidas desde el ejercicio del ministerio pueden atentar contra la libertad política del individuo.
Luego señala, frente a algunas de las reclamaciones arzobispales:
El objetivo fundamental del Estado laico no es, como piensan algunos, limitar el derecho de las iglesias, sino asegurar la libertad de creencia de los individuos, que son los sujetos del derecho. Dicho de otra manera, que los católicos sean mayoría en este país no significa que puedan imponer un tipo de educación religiosa en las escuelas.
La educación religiosa debe quedar en el ámbito de lo privado, es una decisión de los padres. Que los padres ya no puedan, no quieran o no sepan cómo educar religiosamente a sus hijos, que es lo que está sucediendo, es problema de las iglesias, no del Estado. Llevar la educación religiosa a las escuelas públicas atenta contra el derecho de creencia.
Pero hay un tercer frente de lucha, quizá no tan claro y bastante más velado, que es el acceso de las iglesias a los recursos públicos. Cada vez más aparece el discurso de que las iglesias hacen un importante trabajo a favor de la comunidad y que, en ese sentido, son subsidiarias de las obligaciones del Estado y para ello citan como ejemplo lo que sucede en otros países, como España o Alemania, donde las iglesias reciben una parte del presupuesto.
Sí, sin duda las iglesias siguen siendo una parte importantísima en el trabajo social y son un activo de nuestra sociedad, pero una cosa es que estén exentas del pago de impuestos (que no de declarar) y otra es que reciban recursos fiscales para su trabajo.
Por último, afirma:
Defender el Estado laico no atenta contra la libertad religiosa; al contrario, apuntala y asegura la libertad de creencia, aunque algunas instituciones lo vean como una limitante a su expansión.
