El Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Lucas Arrimada (en la foto), de la Universidad de Buenos Aires (Palermo), ha salido al paso de la propuesta del Ministro de Educación del gobierno de Macri, Esteban Bullrich, quien pretende llevar a todas las religiones a las aulas escolares del país. Arrimada le recuerda al Ministro, en una opinión en Perfil.com (27/04/17), que la Constitución argentina establece un Estado Laico y la igualdad de cultos y creencias. “La Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos prohíben la educación religiosa en la escuela pública como venimos aclarando hace tiempo acá.La propuesta de una educación multi-religiosa es ilegal y prácticamente imposible”.
“El trato igualitario entre todos los cultos y creencias es un pre-requisito para el ejercicio de la misma libertad de culto como se puede leer en los artículos 14, 16, 20 y en los Pactos Internacionales de derechos humanos reconocidos en el artículo 75 inciso 22.Es evidentemente ilegal que el Estado discrimine a los cultos religiosos minoritarios y priorice con fondos públicos a los cultos hegemónicos”.
“La Secretaría de Culto de la Nación – agrega Arrimada – reconocía, hasta 2013, más de 2500 cultos registrados. Este y otros datos están citados en lainvestigación del Centro CEIL-CONICET. Además de ser materialmente imposible dar 2500 cultos en la Escuela Pública, la propuesta es inconstitucional. Es contraria al derecho argentino y es materialmente imposible representar la diversidad religiosa de sociedades complejas como las actuales”.
“Para el ejercicio de ese derecho, el Estado debe actuar, por un lado, como un árbitro invisible, sin dar prioridad a las religiones mayoritarias. En caso contrario, actuaría como si fuese un árbitro de fútbol que beneficia a un equipo por su hinchada, poder económico o influencias políticas. Por otro lado, el Estado debe actuar para que cada uno de sus habitantes tenga plena autonomía para adoptar -y cambiar – sus propias ideas sobre religión, en el marco más amplio y desinhibido posible de libertad”.
“Las creencias religiosas o sobre la religión pertenecen al espacio privado y el Estado no debe ni puede legalmente intervenir. La libertad de culto incluye la libertad de ser agnóstico y/o ateo practicante. En la libertad de culto no se agota la libertad de creencias”.
“En el culto de las ideas religiosas y/o políticas – agrega el académico – el Estado debe mantenerse distante, neutral. Cuanto menor sea su intervención, más respetuoso será. La proliferación de símbolos políticos y religiosos en los espacios públicos en una sociedad plural afecta la igualdad política y religiosa”.
“Es ilícito que el Estado, en cualquiera de sus formas, sea una Municipalidad, una Gobernación y el mismísimo Estado Nacional, dispongan de los recursos y espacios públicos para cualquier símbolo o actividad de tipo religiosa. Especialmente aquellas que no respeten el pluralismo de creencias y cultos”.
