En febrero pasado, Donald Trump anunció: “Voy a librarme y voy a destruir completamente la Enmienda Johnson y voy a permitir que los representantes de la fe hablen de manera libre y sin miedo a represalias. Lo voy a hacer, recordadlo”, El anuncio lo hizo el 02 de febrero, durante el Desayuno Nacional de Oración en Washington (según informaba ElPais.com (03/02/17).
La Enmienda Johnson debe su nombre al entonces senador por Texas y más tarde presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson, que fue quien la propuso y logró su aprobación en 1954. Es una cláusula que estipula que entidades libres de pagar impuestos, como iglesias u organizaciones caritativas, no pueden participar, directa o indirectamente, en ninguna campaña política a favor o en contra de un candidato. De este modo, impide que líderes religiosos usen sus púlpitos para manifestar su apoyo —u oposición— a un candidato con el objetivo de influenciar a su congregación.
Esta disposición fue aprobada durante la presidencia del republicano Dwight Eisenhower y, durante décadas, no fue cuestionada ni por republicanos ni por demócratas. Pero como tantas cosas en este último ciclo electoral, el tono cambió con Trump: “Nuestra república fue creada sobre la base de que la libertad no es un regalo del Gobierno, sino de Dios”, dijo en ese anuncio.
Durante la semana pasada Trump firmó la Orden ejecutiva de liberad religiosa, que supuestamente se encuentra dirigida a proteger la libertad religiosa permitiendo que las iglesias y los grupos religiosos participen en actividades políticas: «Hoy damos un paso histórico para proteger la libertad religiosa en Estados Unidos», dijo, de acuerdo a lo informado por The Washington Post
La orden ejecutiva busca dejar sin efecto la llamada Enmienda Johnson). «Nadie debería sancionar a las iglesias ni a los sermones de los pastores», señaló en presidente Trump.
Dicha orden ejecutiva vulnera no solo los alcances de la Enmienda Johnson, sino la tradición laica de la Unión. De esta manera, las religiones mayoritarias podrán afectar la neutralidad política, en cuestiones religiosas, que las leyes y las políticas públicas requieren para ser propias de un Estado Democrático.
Los detractores de la Orden Ejecutiva y las organizaciones secularistas han señalado que ésta ataca la separación entre Iglesia y Estado. Mantener la religión y la política partidaria separados es mejor tanto para la religión como para la política. Así lo sostuvo la organización que defiende las libertades religiosas en EE.UU., The Baptist Joint Committe for Religious Liberty. Por su parte, la organización Interfaith Alliance (Alianza Interfe) rechazó la orden de Trump al argumentar que la disposición tributaria «ha prevenido por décadas que las casas de culto se conviertan en herramientas de partidismo político».
