Desde el 12 de mayo, el alcalde de la ciudad de Niza, Christian Estrosi, ha provocado un nuevo conflicto al prohibir que la compañía de seguros islámica Noorassur pusiera un letrero de su negocio en el local donde está instalada. El argumento de Estrosi, frágil y discutible, es que esto constituiría una amenaza para el orden público de la ciudad. La noticia se propagó como pólvora entre toda la prensa y provocó las mismas reacciones indignadas que cuando el alcalde quiso prohibir el uso del burkini en las playas.
La “finanza islámica” empezó a desarrollarse en Francia en la última década. Entre otros principios, prohíbe invertir en sectores ilícitos (tabaco, alcohol, apuestas) y apoya la repartición equitativa de pérdidas y beneficios. Está considerada ahora como un ramo de la “finanza ética”, hasta el punto de que la universidad de Paris-Dauphine decidiera ofrecer a sus estudiantes un master en esta disciplina.
Noorassur, cuya clientela es esencialmente, aunque no exclusivamente, musulmana, está instalada en Nantes, Burdeos y otras ciudades del territorio francés, pero es la primera vez que se enfrenta a este tipo de recibimiento. La fundadora de la compañía, Sonia Mariji, está ahora defendiendo su negocio frente al Tribunal de Niza, argumentando que la finanza islámica no se opone de ninguna manera a los principios de la República, mientras que la municipalidad sigue poniendo trabas discriminatoriamente a la libertad de empresa, uno de los principios básicos de la Constitución.
El abogado de la compañía replica además que según un fallo de la Corte Europea de los Derechos Humanos en 2014, el estado debería fomentar la tolerancia entre los grupos opuestos y no eliminar las causas de tensiones o conflictos. El Tribunal de Niza tomará en las semanas que vienen una decisión sobre este informe complejo y explosivo.
Sylvie Moulin
