Siguen las reacciones en Argentina contra el proyecto de Macri que amenaza el Estado laico y crea condiciones de objeción religiosa para diversos derechos en ese país. Ayer 28, organizaciones sociales y políticas de Entre Ríos repudiaron el proyecto de ley de “libertad religiosa” que impulsa el Gobierno, y denunciaron que representa un retroceso tremendo en términos de derechos. “La separación iglesia del Estado es una necesidad inmediata”, dijo Nadia Burgos, candidata a diputada nacional por el MST, y resaltó que “ningún credo debe interferir en las políticas públicas”. Además se presentaron alrededor de 20 pedidos de apostasía (acto formal de renuncia de una persona a la religión católica) durante esas acciones de repudio, indicó ElDiaOnLine.com de Gualeguaychú (29/06/17).
La manifestación se desarrolló al mediodía frente a la Catedral de Paraná, organizada por Sexualidades Disidentes, el Foro contra la Violencia Patriarcal y Heteronormativa, la Campaña por el Derecho al Aborto legal seguro y gratuito, Juntas y a la Izquierda, MST, la Asamblea por la Libertad para Higui y Apostasía Colectiva Entre Ríos.
“La separación iglesia del Estado es una necesidad inmediata”, remarcó Nadia Burgos (en la foto) y comentó que la actividad se realizó este miércoles 28 de junio porque consideran “una provocación del Gobierno nacional” el hecho de que los diputados nacionales empiecen a tratar en comisión esta iniciativa justamente este miércoles, cuando se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ.
La dirigente del MST-Nueva Izquierda sostuvo que la denominada ley de libertad religiosa “tiene un nombre falaz, porque la realidad es que no promueve una libertad religiosa, sino que promueve continuar y profundizar privilegios que hoy son exclusivos de la iglesia católica y que se podrían extender a otros cultos. Nosotros somos muy respetuosos de las diferentes creencias, pero entendemos que el Estado tiene que ser laico, y esta ley atenta contra esto”.
Luego denunció que la iniciativa – que lleva la firma del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; el ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano; y la ex ministra de Relaciones Exteriores y Cultos, Susana Malcorra – “permite que la iglesia católica se consolide como una institución jurídica pública, es decir que tendrá el mismo estatuto para el Estado que, por ejemplo, las provincias”.
Burgos precisó un conjunto de consecuencias unidas al proyecto de ley: como la inembargabilidad de los bienes religiosos, es decir que ante cualquier delito que la iglesia cometa, no se puedan embargar los bienes de esta institución”; establece “una exención impositiva” para la iglesia y permite que se extienda a otros cultos el subsidio hoy el Gobierno nacional otorga a la iglesia católica, “que hoy recibe 32 mil millones de pesos anuales”. En ese sentido cuestionó: “Después nos dicen que no hay plata para las paritarias de los trabajadores, o para erradicar la violencia de género, pero sí hay plata para sostener una institución que interfiere en la garantía de nuestros derechos”.
Explicó también que el proyecto “establece como prioridad poder determinar la objeción de conciencia”, lo cual consideró “un retroceso tremendo en términos de derecho”. Como ejemplo mencionó que “un empleado del Registro Civil podría decir que por su religión él objeta impartir un matrimonio igualitario” o que “en el ámbito de la salud podría decir que no puede realizar una transfusión o ejecutar un aborto no punible”.
Agregó además que la iniciativa “establece la posibilidad de que haya secreto ministerial y que el Estado no pueda pedir información sobre los delitos que comete la iglesia, como los casos de pedofilia”. Al respecto recordó que “en nuestra provincia tenemos víctimas de abuso eclesiástico que intentan ejercer su derecho de que haya justicia, mientras que la iglesia se sigue riendo de ellos y la justicia está mirando para otro lado”.
“Para nosotras que el Estado debe ser laico“, subrayó por último Burgos.
