La separación de la Iglesia y el Estado no ha sido un tema en la Argentina. Allí el Estado financia gran parte de sus actividades y a su personal. El artículo 2° de la Constitución Política de Argentina establece que es obligación del Estado sostener el culto católico apostólico romano.
Con fondos estatales se paga el sueldo de Arzobispos y Obispos, quienes reciben el equivalente al 80% de lo que recibe un juez de primera instancia. Pero va más allá, pues el dinero del Estado también financia al resto del clero. El Presupuesto para 2016 contempló sueldos para 132 obispos y arzobispos, para 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.
Contra esto se ha levantado la voz de Luciana Echeverría, candidata a diputada por Córdoba (en la foto), quien recordó que “el Estado argentino, a pesar de ser laico, financia con nuestros impuestos a la Iglesia Católica desde la dictadura”.
El conglomerado político que representa – según señala el medio digital La Voz, de Córdoba -, propone separar a la Iglesia del Estado y destinar el dinero que se gasta en mantener a la Iglesia a políticas de género, construyendo 4.400 refugios e implementando planes de empleos para las víctimas.
