El director de la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina (ADC), Torcuato Sozio (en la foto), fue entrevistado por Infobae.com (20/08/17), en relación al debate generado por la ley de educación religiosa de la provincia de Salta, y donde diversas organizaciones civiles, religiosas, de derechos humanos y reivindicativas, han estado alegando ante la Corte Suprema argentina en favor o en contra de la cuestionada ley salteña, en la etapa final de un proceso que comenzó en 2008, cuando un grupo de madres presentaron un recurso judicial ante la afectación que sufrían sus hijos por las prácticas discriminatorias en las escuelas contra los alumnos que no tomaban las clases de religión.
A partir de la ley de Educación provincial N° 7546 sancionada por el gobierno de Salta, varios padres sintieron que sus niños eran discriminados en las escuelas de gestión pública porque se impartía educación religiosa dentro la enseñanza obligatoria, dentro del horario de clases, como si fuera matemática, geografía e historia – explica Sozio. – Esos niños realmente se sentían discriminados de distintos modos. En el momento que se daban clases de educación religiosa, ellos no tenían una actividad alternativa y tenían que retirarse del aula. Un conjunto de hechos concretos fueron agravando la situación, lo cual nos llevó a iniciar la acción judicial, planteando que la Constitución provincial y de la Ley de Educación constituyen una inconstitucionalidad flagrante. Entendemos que la educación religiosa obligatoria es violatoria de la libertad de pensamiento que prevé tanto la Constitución como los Tratados Internacionales que fueron incorporados en 1994.
Es una escuela en la que durante la semana tienen por lo menos dos horas de educación religiosa, pero pueden ser más – agrega -. En casi todos los casos, la educación es católica. Los niños que están en esa escuela de gestión pública y no son católicos no tienen una actividad alternativa. Por lo tanto, quedan discriminados. También hay rezos durante las mañanas.
Desde la promulgación de la Ley de Educación provincial, el Ministerio de Educación salteño empezó a sacar distintas disposiciones – continúa. – Por ejemplo, en los boletines se empezó a poner si el chico era o no católico. Incluso, se citó un caso, en una de las audiencias, de una niña que no le dieron el premio de abanderada porque constaba en el boletín de que no era católica. Es decir, en estos nueve años, se fueron adoptando medidas que agravaron la situación. El gobierno de Salta dice que mucho de lo denunciado hoy no ocurre, que los niños que no quieren clases de religión ahora tienen otras actividades. Pero se adquirió una dinámica en la que un día sacan una disposición, y al siguiente sacan otra. Vamos a probar que se mantuvo en todo este tiempo una lógica estigmatizante y discriminatoria.
Para Sozio, está en juego que Argentina no renuncie a un principio constitucional básico como la libertad de pensamiento. Que cada ciudadano pueda, desde niño, programar de su plan de vida sin injerencia del Estado. El único modo es sostener fuertemente la independencia entre el Estado y la Iglesia. Esto permitiría que un chico agnóstico o ateo se sientan muy cómodos en una escuela pública junto a un niño católico, con un niño judío, o anglicano. Que puedan estar mezclados es lo que permite la integración.
