El sacerdote españo, José Ignacio Calleja Sáenz de Navarrete (en la foto), profesor de Moral Cristiana y ex decano de una Facultad de Teología en Vitoria-Gasteiz (País Vasco), director de la revista de teología “Lumen”, ha señalado en un artículo publicado en el medio español ElCorreo.com (29/08/17), a propósito de los recientes hechos de Barcelona, la importancia de la secularización y la laicidad como factores que aseguran los derechos religiosos y evita la instrumentalización de la fe por factores materiales, y lo hace desde los conceptos de la laicidad.
En su publicación el sacerdote indica que “vuelvo a la vieja y benéfica idea de que hay conceptos éticos y políticos que ayudan a encarar con garantía el lugar de las religiones en las culturas particulares y, a la vez, globalizadas. Tales son los de secularización del mundo y laicidad de la política. Son de origen occidental, es cierto, pero equivocarlos con un nuevo modo de colonialismo de la cultura grecolatina sobre todas las demás, y en particular, sobre la musulmana, es un inmenso error”.
“Cualquier sistema de creencias religiosas y cualquier cosmovisión no religiosa agrega – tienen que confrontarse con esta doble idea. La secularización reconoce que el mundo en todas sus expresiones es mayor de edad y goza de autonomía propia. La ciencia, la política, las artes y la ética, participan de esa mayoría de edad y tienen autonomía. No están sometidas a la tutela de autoridades ajenas que les dictan desde fuera lo que es verdad, lo que es bello, lo que es justo y bueno. No hay religiones que se encarguen por revelación divina de conocer para el mundo de los creyentes o no creyentes, de manera universal, todo eso que llamamos verdad, bondad y belleza”.
“Nadie puede reclamar que – en cultura -, una religión o una nación definen para todos lo que hemos de saber, lo que hemos de creer, lo que hemos de valorar. El mundo es mayor de edad y autónomo, y lo es a la medida de los humanos. No somos dioses. Una autonomía que no es absoluta, sino relativa, pero relativa a la dignidad humana que entre todos vamos desvelando en su significado, y así la vamos haciendo ley común. Es el marco de los derechos humanos, cuya interpretación es discutida en no pocos casos, pero de esa discusión sólo se sale por la argumentación filosófica, experiencial y religiosa, por la democracia y, a veces, la objeción de conciencia”.
“Evidentemente, una religión puede pedir de los suyos esta o aquella exigencia más precisa sobre el pensar, el votar o el obrar moral, pero eso, para los suyos, por causa de su fe. A los demás, se lo propone. Alguna vez, la contradicción reclamará la objeción de conciencia, pero nunca el terror y la violencia para imponer el bien según una concepción religiosa o nacional. Ni en la propia cultura ni en la ajena, la religión puede ignorar este proceder. Y si desde dentro de ella, esta idea es inaceptable, el problema es de la religión no de la cultura democrática”.
“Y lo mismo viene avalado por el otro gran concepto ético en política, la laicidad. La laicidad de la política como condición formal del procedimiento democrático. Por esta condición, el Estado no tiene una religión propia, ni una cosmovisión no religiosa y alternativa a las religiones. No, el Estado tiene una ley común que se atiene a los derechos humanos y que respeta el libre juego de las concepciones culturales de sus ciudadanos, ¡religiosas o no!, exigiendo de todas argumentos, tolerancia y cumplimiento de la ley democrática”.
