¿Legislar para retroceder?
Por Gonzalo Herrera
En el momento que Sebastián Piñera asumía el gobierno, a través de una página editorial de Iniciativa Laicista señalábamos lo positivo que sería para el país que se concretaran las primeras declaraciones del presidente en torno a su voluntad de gobernar cuidando la unidad nacional, y de materializar sus planteamientos programáticos con «diálogo y acuerdos”. Sin embargo, como en la fábula del alacrán, la derecha parece no poder huir de su propia naturaleza. Silenciosamente, aprovechando la coyuntura y la concentración comunicacional que ha demandado el juicio en La Haya, se comenzaron a desmantelar importantes iniciativas alcanzadas en el gobierno anterior, tal vez las más emblemáticas, como para borrar cuanto antes aquello que se ha querido instalar como “legado de Bachelet”.
El contundente rechazo del ministro del Interior a que prosperara en el parlamento el proyecto de reforma de la Constitución, enviado por Bachelet apenas una semana antes del cambio de gobierno, señala a las claras que no está en el ánimo del ejecutivo cambiar lo sustancial del modelo neoliberal, que hasta ahora ha contentado tanto a la derecha como a la centroizquierda, que han formado parte de sucesivos gobiernos desde el retorno de la democracia. La razón esgrimida más parece una excusa, recurriendo al tardío envío del proyecto para desacreditarlo, cuando en verdad nunca comulgaron con un propósito que fue uno de los ejes centrales del programa presidencial de la exmandataria, y que en su momento concitó amplio respaldo ciudadano. La derecha, a pesar de sus intentos de poner distancia con su pasado pinochetista, se ha mantenido fiel al espíritu de la Constitución de 1980, y las modificaciones consensuadas en el pasado nunca fueron significativas, preservándose así un modelo que ha propiciado la concentración de la riqueza y la segregación social en el país.
Un golpe al pleno respeto a los derechos de la mujer lo constituye el cambio introducido por el Ministerio de Salud al reglamento que regula la aplicación de la ley de aborto en tres causales, permitiendo así que aquellas clínicas que se declaran objetoras de conciencia, es decir que se niegan a practicar abortos conforme a la ley, puedan mantener sus convenios con el Estado y, por lo tanto, continuar recibiendo fondos públicos. Tales instituciones podrán, con el nuevo protocolo, negarse sin expresión de causa, a diferencia de lo que se establecía anteriormente, en que se debía justificar este tipo de decisiones. Demás está decir que la medida se tomó sin considerar el parecer de los gremios ni de los sindicatos de salud.
Al margen de esta falta de diálogo, que privilegia la acción administrativa por sobre la gestión parlamentaria, nadie ha podido explicar en qué se basa la supuesta “objeción de conciencia institucional”, porque obviamente, desde el punto de vista de la ética, la objeción de conciencia sólo puede tener un carácter individual. Los organismos de salud privados no deberían reclamar derecho a objeción, puesto que ello compete al plano subjetivo, a lo íntimo de cada persona. ¿Quién es la “conciencia” de una clínica privada?
En el plano educacional, el solo nombramiento del ministro Gerardo Varela anunciaba una confrontación con el mundo estudiantil. Empresario, abogado experto en negociaciones corporativas de alto nivel, sin ninguna experiencia conocida en educación, sus antecedentes se reducían a su declarado desacuerdo a la gratuidad conforme a su convicción de que la educación es un bien económico. Después de asumir el cargo, reiteró que, desde su punto de vista, los problemas de la educación no los resuelve la prohibición de lucrar, ni la prohibición de seleccionar para el ingreso a los establecimientos, ni la prohibición del financiamiento compartido, echándose a la espalda toda la discusión legislativa que llevó a la estructuración de la Ley 20.845, promulgada en 2016. Sí considera necesario, por supuesto, atraer al sector mayor inversión privada para “aumentar la oferta”, aunque por el momento no ha declarado su intención de revertir la gratuidad. Sin embargo, en el programa de gobierno de Piñera se consideraba reincorporar el sistema de copago, aunque de manera voluntaria, y recuperar un porcentaje de selección en los liceos de excelencia académica y particulares subvencionados.
Tampoco es una buena noticia el anuncio de Piñera de enviar al Congreso un conjunto de indicaciones para reformar la llamada Ley Antiterrorista. Una ley que ya ha sido internacionalmente considerada abusiva, y que no alcanza los estándares que permiten resguardar el debido proceso, ha dejado en evidencia su aplicación muchas veces discriminatoria por parte de la autoridad en contra de personas acusadas de delitos relacionados con las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche. Las indicaciones anunciadas a esta ley no son de carácter general, están políticamente dirigidas contra las comunidades indígenas y conllevan un aumento en la estigmatización de las reivindicaciones de tierras y derechos conculcados por el Estado, sin dar cuenta de la violencia militar que a diario se ejerce en la Araucanía.
Cabe esperar que con el conjunto de proyectos de ley que se anuncian para las siguientes semanas, se intente avanzar respetando más los derechos sociales logrados por los ciudadanos en los años precedentes.
