Por Gonzalo Herrera
Esto no podría estar pasando obviamente en Santiago, en Las Condes ni en la comuna de La Reina. Que los habitantes de la zona Quintero-Puchuncaví, continúen día a día expuestos a molestias respiratorias, digestivas y cutáneas que brutalmente son indicio de cáncer y otras graves enfermedades incluso no tipificadas, con pleno conocimiento de las autoridades, y que no se tomen de inmediato medidas drásticas para impedir la progresiva muerte de estos seres humanos, compatriotas nuestros, nos habla de la mezquina desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad, de que la vida en lugares desamparados de nuestro territorio no tiene el mismo valor que la de la mayoría de los chilenos, y que los derechos constitucionales de vivir en un medio ambiente libre de contaminación quedan “suspendidos hasta nuevo aviso”, tratándose del sacrosanto derecho a la libertad económica y de la protección a la inversión, sea esta pública o privada.
Efectivamente, si el drama que vive toda la zona costera de la bahía de Quintero estuviera afectando a cualquiera comuna en que reside mayoritariamente el segmento socioeconómico AB, ya estaría instalada una mesa de trabajo público-privada para tomar medidas de emergencia eficaces, en un plazo perentorio; Hacienda y Economía se encontrarían en un análisis de traspaso de recursos, redirigiendo determinadas partidas de la Ley de Presupuestos para financiar gastos adicionales a fin de identificar plenamente las fuentes emisoras contaminantes, y corregir sus efectos, si no derechamente paralizarlas; los parlamentarios se habrían volcado en pleno a la zona de emergencia, estirando sus cuellos para alcanzar a verse en pantalla, mientras otro de ellos lanzaría encendidas exigencias al Ejecutivo, junto a amenazas de acusaciones constitucionales; las personas gravemente afectadas por la intoxicación —en Quintero-Puchuncaví ya suman más de 400— se mantendrían en observación, con una cobertura de salud con estándar de clínica privada, en contraposición a lo que hoy ocurre, en que los afectados son atendidos de forma rápida, reciben dispares diagnósticos para síntomas similares, sin que se proceda a tomar muestras ni realizar exámenes para establecer un patrón común. Con un poco de suerte, los canales de televisión dejarían algunas horas de farándula y mal gusto exacerbado por el neón y las luces fluorescentes, dando espacio al periodismo de investigación, al análisis, al debate informado sobre esta emergencia.
¿Puede concebirse una actitud menos comprometida con el esclarecimiento de la crisis y la identificación de los responsables que las declaraciones de la ministro Carolina Schmidt que, a horas de comenzado el primer episodio, culpó sin ningún antecedente en la mano a ENAP como génesis del problema? Y qué decir de las expresiones recientes del ministro de Salud, Emilio Santelices, que negó que se tratara de intoxicación, agregando que: “…afortunadamente las partículas que se pueden inhalar finalmente terminan en las vías aéreas respiratorias superiores, el arsénico produce daño a las personas cuando está asociado al alimento o al agua”. Los vecinos deben haber experimentado un gran alivio al escuchar estas declaraciones, es como si se pretendiera consolar a alguien por un difunto baleado diciéndole que “sólo uno de los impactos recibidos fue mortal”.
La actitud del gobierno es pura “vieja política”, de la que el presidente Piñera tanto prometió escapar. No siendo culpable la actual administración de esta crisis —la verdad, este atentado ambiental viene agravándose desde hace cuarenta años—, no muestra sin embargo la menor convicción de evaluar científicamente la composición de la nube tóxica permanente sobre la zona, ni mucho menos de tomar la iniciativa de modernizar la legislación ambiental, implementando al mismo tiempo los recursos de fiscalización técnicos necesarios para que lo que regula la normativa no sea simple retórica. Nadie en Chile desconoce la debilidad institucional frente al poder económico: en la actualidad a las empresas les resulta más conveniente pagar las multas, cuando son sorprendidas sobrepasando los límites de residuos contaminantes, que introducir tecnologías de punta para filtrar las emisiones de gases y partículas.
No hay UNA fuente contaminante en el borde costero de la zona. Se trata de un desafinado canon de a lo menos quince empresas emisoras, que de distintas maneras contaminaron el mar, los campos y las capas freáticas, haciendo colapsar los cultivos de tierras, la fauna marina y la pureza del aire. Por lo tanto existe un error metodológico cuando se pesquisa AL causante de las emisiones tóxicas, porque cada empresa lleva a cabo sus propias mediciones, a través de empresas externas con desconocidos grados de honestidad, en circunstancias que el veneno está en la totalidad de la nube, una composición química tremendamente volátil, cuya síntesis muta constantemente.
Sin duda, el arsénico es una de las diez sustancias químicas consideradas como las más perniciosas para la salud pública. A este se suman el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el dióxido de carbono, metales pesados, etc., todo ello capturado por un dañino polvillo en suspensión proveniente del continuo movimiento de petcoke, el combustible que mueve las cuatro termoeléctricas de la empresa AES Gener.
Es a lo menos imprudente entonces perseverar en buscar AL culpable. La zona está saturada desde hace mucho, y no cabría otra cosa que generar un plan maestro que de paso a una paralización programada, para ir reduciendo con rapidez los contaminantes más letales. El silencio de la Academia se escucha con desaliento, siendo la región de Valparaíso una de las que cobija mayor número de instituciones de educación superior. ¿Alguien las habrá llamado a participar? ¿O será que razones de Estado han aconsejado manejar confidencialmente estos datos?
