Por Julio Zuleta
La preocupación por la educación pública ha estado presente en muchos destacados hombres que han dado identidad al país y, sobre todo, con la idea de dar dignidad a los sectores más desposeídos de la sociedad permitiéndoles su desarrollo individual y social. Han destacado nombres como Bernardo O”Higgins, el que pone énfasis en la educación primaria porque solo con un pueblo consciente era posible comprender el Estado naciente; Manuel Bulnes que durante su gobierno se funda la Universidad de Chile, la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Artes y oficios; Domingo Faustino Sarmiento y los hermanos Gregorio y Miguel Luis Amunátegui, Valentín Letelier, Claudio Matte y José Abelardo Núñez quienes establecieron las bases del Sistema de Instrucción Primaria con la idea de educar al pueblo para sacarlo del analfabetismo, se podrían agregar muchos otros nombres pero por razones de espacio llegaremos hasta aquí con esta breve introducción al tema que nos convoca, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria de 1920.
Esta Ley entra en vigor el 26 de agosto de 1920, esto es hace justamente un siglo y constituye la respuesta que el Estado da a los altos índices de analfabetismo que tenía el país. Sin embargo, pese a esa loable intención hubo gran resistencia de sectores conservadores de la sociedad porque veían en esta ley el peligro de que sus hijos asistieran a escuelas donde no se enseñara la religión católica y que no se respetara la moral aprendida en los hogares. Por otra parte, la aplicación de la Ley, además, encontraba la dificultad de las familias populares para mandar a sus hijos a estudiar, puesto que requerían que sus hijos trabajaran para tener el sustento mínimo para vivir.
El Censo realizado el 28 de noviembre de 1907, constataba la realidad educacional del país, el 51,6 % de la población respondía que sabía leer, el 48,4% se declaraba analfabeta y el 17% de los niños en edad escolar asistía a clases.
Es así como la injusticia social que se vivía en los ámbitos económico, político y cultural pasó a ser foco de atención en la educación tal como lo señalara Alejandro Venegas Carús, destacado profesor y escritor: “El atraso vergonzoso en la instrucción de nuestro pueblo tiene su causa en el espíritu conservador, clerical y las tendencias profundamente oligárquicas que han predominado hasta el presente (…) Por otra parte, los magnates de todos los partidos políticos y los aspirantes a tales no pueden mirar sin ojerizas, esa maldita instrucción que, redimiendo siervos, los ve dejando poco a poco sin inquilinos”.
De los argumentos expuestos se comprenderá lo difícil que habrá sido la promulgación de esta ley cuyo objetivo final era provocar un cambio en el sistema educacional y de esta manera contribuir al desarrollo social de toda la población y por ende de cada de uno de sus miembros.
En su formulación se destaca un artículo “La educación primaria es obligatoria. La que se dé bajo la dirección del Estado y de las municipalidades será gratuita y compondrá a las personas de uno y otro sexo”. Este artículo visionario ponía a la educación pública como un derecho y no como un bien de consumo disponible en el mercado y, por lo tanto, sujeta al emprendimiento de privados, con las consecuencias que se pueden visualizar fácilmente como es la alta segregación existente en la actualidad.
La Ley de Educación Primaria Obligatoria de 1920 estableció que el Estado es garante de la educación de los niños y niñas en los establecimientos educacionales y de la gratuidad de ese servicio, además, establecía la obligatoriedad de que tanto padres como apoderados enviaran a sus hijos a la escuela a lo menos durante cuatro años antes de que cumplieran 13 años.
Además, la normativa indicaba que «los menores que hubieran cumplido trece años sin haber adquirido los conocimientos de los dos primeros años de la educación primaria deberán seguir asistiendo a una escuela hasta ser aprobados en las pruebas reglamentarias anuales, o hasta cumplir los quince años. Si obtienen una ocupación de carácter permanente, continuarán sometidos a esta obligación hasta los dieciséis años, debiendo satisfacerla en alguna escuela suplementaria o complementaria» (Ley N° 3654, 1920: 4)
En el artículo 6° se determinan las justificaciones para no asistir a la escuela “Las únicas escusas que pueden eximir total, parcial o temporalmente del cumplimiento de la obligación escolar, en la forma de los artículos anteriores, son las siguientes:
- a) Que no haya escuela o no haya lugar vacante en las escuelas situadas a menos de dos kilómetros, o de cuatro si se proporcionaren medios gratuitos de trasporte; y
- b) Impedimento físico o moral.
La indigencia no escusa la asistencia escolar.
La obligatoriedad de la escolaridad implicaba que los menores de 16 años no podían trabajar en fábricas y talleres.
La ley establece, también, normas para el buen funcionamiento de los establecimientos educacionales que abarcan aspectos referidos a los procesos pedagógicos y administrativos, como así también aquellas referidas a las obligaciones de los padres con respecto a la matrícula y a la asistencia escolar.
Esta ley tan importante en el desarrollo de la educación chilena nos invita a reflexionar en la educación pública actual, la que debe recobrar el espíritu de la ley en comento, en términos de atender las demandas de equidad social que permitirán por una parte mayor cohesión social, atendiendo especialmente a los grupos vulnerados producto de las profundas desigualdades existentes y, por otra, facilitar la inserción al mundo de la cultura, al campo laboral y social, en suma para que puedan ejercer en propiedad un rol consciente, como estudiantes, trabajadores, padres, madres, hijos, dirigentes, etc.
Solo con un pueblo educado, se estará formando hombres y mujeres conscientes de su puesto en la sociedad, donde puedan encontrar su realización personal en un ambiente de solidaridad, amistad, confianza, respeto y tolerancia. En esas condiciones podremos decir con mucha fuerza que la educación es la Palanca para el Cambio Social.
Necesitamos una educación pública como un derecho, vigorosa, gratuita, de calidad y laica para recibir a todas las personas independientemente de sus credos religiosos o políticos, una educación que no discrimine por la condición social, una educación liberadora de las ataduras que impiden el desarrollo de todos y cada uno de los habitantes de este país.
Una educación que recobre la lección del Presidente Pedro Aguirre Cerda que en su discurso presidencial del 21 de mayo de 1939 señaló:
«Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica, con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo».
Podemos entonces señalar siguiendo el pensamiento de Pedro Aguirre Cerda que la educación es la palanca necesaria para igualar las condiciones de todos los miembros de nuestra sociedad facilitándoles una ampliación de sus niveles de conciencia, para hacerlos más libres y de esta manera poder enfrentar con más y mejores herramientas los desafíos del mundo globalizado en que vivimos, en estas condiciones estaremos atendiendo a las demandas de equidad social con la finalidad de lograr una mayor cohesión social.
La educación es un pilar sobre el cual descansa la justicia para superar las desigualdades sociales, apoyando y elevando a los grupos vulnerados, producto de la sociedad, facilitando de esta manera el acceso a todas las manifestaciones de la cultura, al mundo laboral y social. Estas son razones fundamentales para brindar a todos los niños, niñas y jóvenes una educación de calidad.
El tema de la laicidad de la educación es de suma importancia dado que ella permite el libre examen, la libertad de pensamiento, sin dogmas, sofismas ni verdades reveladas favoreciendo el pensamiento crítico para la toma de decisiones bien fundadas.
