El confinamiento obligado ha implicado, entre otras cosas, un considerable incremento del tiempo de exposición a Internet en los últimos meses. Un estudio realizado por una empresa de telecomunicaciones arrojó que el aumento a la exposición de las redes cibernéticas aumentó en un 67% en comparación al tiempo antes de la explosión de casos de COVID en el país.
Esto, más que una simple anécdota, supone un riesgo pues, no solo han aumentado las horas de navegación por la web, sino que con ello los delitos de carácter virtual han ido en alza también.
¿Qué delitos se están volviendo populares en el mundo de las redes? ¿Quiénes se ven más afectados y como los podemos prevenir? En el Diálogo Abierto de esta semana hemos conversado con JESSICA MATUS, abogada y defensor penal público especializada en delitos digitales y sexuales.
Entrevista de Gabriel Palma Garrido
IL.- Estamos viviendo tiempos en que las redes sociales se han vuelto fundamentales para mantenernos en contacto, pero también trae consigo consecuencias negativas relacionadas con los cyberdelitos. ¿Se han visto aumentos en la cantidad de denuncias por acoso o chantaje a través de las redes en estos últimos meses? ¿Qué grupo se ha visto más expuesto a este tipo de ataques?
JM:- La verdad es que esta crisis sanitaria ha cambiado el comportamiento de casi todas las personas. Estamos todos en nuestras casas, teletrabajando, y realizando todas nuestras actividades cotidianas desde el hogar. Casi todas estas actividades las hacemos desde el computador y la Internet, por lo que estamos mucho más expuestos que antes del inicio de todo esto. Ahora, en relación con el aumento de delitos, la verdad es que, efectivamente, han aumentado los delitos cibernéticos. La PDI, dentro de la Unidad Especializada de Cibercrimen ha indicado que estos delitos han aumentado en alrededor de un 40%. Pero dentro de estos ciberdelitos tenemos varias categorías: tenemos el fishing, los delitos relacionados con la clonación de tarjetas o vulneración de la información bancaria, y también encontramos algunos casos de acoso y chantaje. Pero, lamentablemente, el código penal no considera estas prácticas como delito.
Se ha vuelto bastante común el llamado a “funas”, o sea, que una persona exponga algún hecho controversial cometido por otra, en donde se comparten datos personales del sujeto que está siendo cuestionado y donde se señalan informaciones que en definitiva vulneran su privacidad. Lo que encontramos en las funas son delitos que, como tal, pueden ser consideradas como injurias o calumnias, y si se dan con publicidad, tendrán el agravante de injurias o calumnias con publicidad. Además, estas pueden ser rápidamente detenidas, interponiendo un recurso de protección, en donde se solicita que, mediante la intervención de la Corte de Apelaciones, se paralice la difusión de estas publicaciones.
Para casos de chantaje y acoso tenemos el proyecto de ley denominado “Ley Pack”, proyecto que pretende sancionar la difusión pública de imágenes de carácter privado desde una persona con consentimiento a otra, y esta segunda persona las propaga a través de las redes sociales.
En general, estos últimos hechos afectan mayoritariamente a las mujeres, en atención a que, comúnmente, quienes difunden este tipo de contenidos o material son hombres.
IL.- Se habla de la poca respuesta por parte de la justicia para la resolución de estos problemas. ¿Hay leyes que protejan a las víctimas? ¿Qué tan efectivas son?
JM.- Bueno, la respuesta parte desde la justicia. Como indiqué antes, hay ciertos hechos que comúnmente nosotros como ciudadanos, como víctimas, le damos la connotación de delito, pero que la justicia no los considera como tal. Frente a este tipo de situaciones, efectivamente, la protección es menor. Lo que las víctimas pueden hacer es ver si aquellos hechos se pueden reconducir a algún otro ilícito penal como podría ser el caso de las injurias, calumnias, amenazas; si existe una relación dentro de la ley de violencia intrafamiliar, podría haber un maltrato habitual, o algún otro delito en el contexto de violencia intrafamiliar. De esa forma se puede encontrar protección dentro de las leyes.
IL.- Respecto del mismo tema, ocurre en muchas ocasiones que las víctimas no denuncian estos hechos, o bien la justicia los desestima, haciendo que las víctimas decidan tomar justicia por su propia cuenta (las llamadas «funas»). ¿Son válidas estas acciones por parte de la víctima de violencia? ¿Qué consecuencias podría traerle?
JM.- Como hay ciertas conductas que son comúnmente consideradas como delitos, pero que la ley no las considera como tal, puede que las víctimas decidan tomar la justicia por sus propias manos por no sentirse protegidas.
Un hecho connotado y de conocimiento público fue lo que ocurrió con la joven de Pucón Antonia Barrera, quien fue violada y que finalmente decidió quitarse la vida. Si bien el caso está en investigación, el público decidió difundir información sobre el asunto, sobre quién sería el autor de estos hechos, sobre la familia del autor, etc. Frente a estos hechos, la familia de quien es considerado imputado presentó una acción de protección para que todas esas publicaciones fueran bajadas. La Corte de Apelaciones decidió en favor del recurrente y obligó a la familia de la víctima a dar de baja toda esta información. Efectivamente, esto es lo que puede ocurrir.
IL.- ¿Considera usted que existe una cultura pobre en educación en cuanto al uso de las redes sociales? ¿Será esa una de las principales razones de la existencia de este tipo de hechos?
JM.- Debemos tener claro que el uso de las redes sociales ha tomado mayor fuerza durante el tiempo de la cuarentena. Hay, incluso, un uso desmedido de las redes sociales. Claramente podemos apoyar y difundir un uso apropiado de estos medios, que proteja nuestra integridad y privacidad de las comunicaciones a través de estas vías.
No creo que la falta de cultura o educación sea la causante de este tipo de hechos. Creo que simplemente las personas, a veces, consideran que no han sido satisfechas sus denuncias a través de la justicia; en otras ocasiones las personas pasan por alto iniciar acciones judiciales para tomar la justicia por su cuenta y, finalmente, de repente estas acciones solo buscan generar daño a terceros mediante el mecanismo de funas como mencioné anteriormente.
Siempre es bueno iniciar una discusión para establecer el respeto dentro de la comunicación en las redes sociales, para que también se respeten los derechos individuales de cada persona.
